El dictamen del fiscal Fernando Domínguez señala que el exlegislador de La Libertad Avanza simuló una consultoría minera en el exterior para justificar el ingreso de 200.000 dólares. El dinero provenía de cuentas ligadas a 'Fred' Machado, empresario vinculado al narcotráfico. Pidieron su indagatoria y congelaron sus bienes.
SAN ISIDRO.– El panorama judicial del ex外candidato presidencial y exdiptuado nacional José Luis Espert se complicó de manera drástica. La Fiscalía Federal de San Isidro desestimó formalmente la documentación que el referente libertario había presentado para respaldar una millonaria transferencia bancaria en moneda extranjera, dictaminando que se trató de una burda simulación armada para blanquear capitales ilícitos.
A raíz de este hallazgo, el fiscal Fernando Domínguez solicitó formalmente la declaración indagatoria de Espert por el presunto delito de lavado de activos. La solicitud judicial alcanza también a su contador, Mariano Cosentino, y a la organización Varianza S.A., bajo la sospecha de haber confeccionado balances e informes contables fraudulentos para encubrir la maniobra.
Una consultoría inexistente en Centroamérica
Para intentar justificar el ingreso de 200.000 dólares en sus cuentas, Espert había exhibido un supuesto contrato de asesoramiento profesional en materia minera con la firma Minas del Pueblo S.A., radicada en Guatemala.
Sin embargo, los investigadores judiciales lograron desmoronar esa coartada a través de dos pruebas clave:
Se constató que el exlegislador de La Libertad Avanza jamás pisó suelo guatemalteco para llevar a cabo las tareas profesionales descritas en el documento.
Se corroboró que los yacimientos pertenecientes a la empresa mencionada se encontraban completamente inactivos y fuera de operación.
Conexión con el narcotráfico y embargo de bienes
El trasfondo de los fondos bajo investigación conduce de manera directa a Federico ‘Fred’ Machado, un empresario de nacionalidad argentina que fue arrestado por Interpol en el país durante abril de 2021 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos tras un fallo de la Corte Suprema. En el país norteamericano, Machado se declaró culpable de cargos severos que incluyen asociación ilícita, fraude electrónico y lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes.
La pesquisa judicial apunta a que Machado actuó como uno de los principales soportes económicos y logísticos de la campaña presidencial que Espert encabezó en el año 2019, origen de la actual causa penal.
Como medida preventiva ante el avance de las pruebas, el juez federal Lino Mirabelli dictó la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar. Esta restricción financiera y patrimonial congela de forma absoluta la totalidad de las propiedades y activos bancarios tanto de José Luis Espert como de su cónyuge, María Mercedes González.
