El exfuncionario bonaerense enfrentará el debate por maniobras de defraudación al Estado y enriquecimiento ilícito. El juez federal Adrián González Charvay dictó además un procesamiento y un embargo por 350 millones de pesos en un expediente conexo que investiga el negocio de las fotomultas.
El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue elevado a juicio oral y público por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el marco de una causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, fraude a la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a Facundo Asensio, extitular de la Dirección de Control y Fiscalización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La investigación judicial determinó que los exfuncionarios adquirieron un automóvil de lujo Audi Q8 utilizando fondos de origen incierto por un monto aproximado de 30 millones de pesos. No obstante, los peritajes sobre la póliza de seguro del vehículo establecieron que su valor real ascendía a 173,8 millones de pesos.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que el rodado se encontraba registrado oficialmente a nombre de Asensio para ocultar el patrimonio de D'Onofrio. Para los investigadores, el exministro era el verdadero usufructuario del bien, basándose en que tenía en su poder la cédula azul autorizante y el dispositivo de Telepase a su nombre. Asimismo, las declaraciones juradas patrimoniales de ambos imputados exhibieron inconsistencias severas al ser cotejadas con sus niveles de gasto reales.
El frente judicial por el escándalo de las fotomultas
En paralelo al requerimiento de juicio, el juez González Charvay dictó el procesamiento y un embargo preventivo de 350 millones de pesos sobre los bienes de D'Onofrio en una derivación de la causa que pone el foco en el sistema de control vial por cámaras y la gestión de multas automáticas en territorio bonaerense. En este tramo del expediente se detectaron maniobras de direccionamiento de contratos, sobreprecios y desvío de fondos públicos hacia empresas tercerizadas.
Los peritos contables identificaron un circuito de reciclaje de dinero que incluye la compra irregular de una camioneta Audi Q5. De acuerdo con el fallo judicial, la estructura criminal contaba con la participación de prestadores privados y del empresario Leonardo Asencio, señalado como un engranaje clave para el flujo de capitales entre las concesiones de las fotomultas y las plantas operativas de la VTV.
La causa penal se originó a partir de denuncias por irregularidades en la adjudicación de los contratos del sistema de fotomultas y la consecuente falta de auditoría estatal sobre la recaudación millonaria del sector. Tras notificarse del procesamiento, la defensa de D'Onofrio anticipó que apelará la resolución tras calificar las acusaciones como infundadas, mientras el exministro permanece en libertad provisoria a la espera del inicio de las audiencias del juicio oral.
