El proceso de privatización de los corredores viales nacionales sumó un nuevo foco de tensión tras conocerse la desvinculación de 120 trabajadores de la firma estatal Corredores Viales. El recorte afectó de forma directa al personal del peaje de Hinojo y áreas operativas sobre la Ruta Nacional 226, en el partido de Olavarría, una traza que en pocos días quedará formalmente bajo la gestión de un conglomerado de empresas privadas por los próximos 20 años.
Las cesantías alcanzan de manera transversal a dependencias clave de la infraestructura vial:
·Atención de emergencias y servicios de remolque.
·Mantenimiento técnico y balanzas de pesaje.
·Personal de cabinas manuales, que serán reemplazadas por dispositivos automáticos.
Los telegramas fijaron el cese de tareas para el próximo 30 de junio. Desde el bloque legislativo local Fuerza Patria repudiaron la medida, advirtiendo que el distrito ya acumula una pérdida de 3.000 puestos laborales durante el último año, y pusieron bajo la lupa el verdadero beneficio que estas privatizaciones traerán para los usuarios.
Alerta por pliegos mínimos: más peajes, menos infraestructura
La reestructuración de personal encendió las alarmas entre las asociaciones de usuarios viales, quienes denuncian que las nuevas condiciones contractuales priorizan la rentabilidad financiera mediante la tecnología de cobro automático por sobre la ejecución de obras de seguridad estructural.
Según revelan los pliegos licitatorios del paquete adjudicado al consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco —que además de la Ruta 226 administrará las rutas 3, 205 y la autopista Ricchieri—, las exigencias de inversión real son llamativamente acotadas. El documento oficial estipula únicamente la reconversión a formato de "ruta segura" para un tramo de 55,98 kilómetros de la Ruta 226, comprendido entre las intersecciones de las rutas 55 y 22.
Auditorías de entidades vecinales señalan que, mientras en los corredores privatizados hace meses las constructoras apenas iniciaron tareas menores de bacheo, desmalezamiento y corte de pasto, las tarifas en los accesos continúan multiplicándose. En el caso de los nuevos contratos, el esquema normativo ya dejó firme la instalación de estaciones de cobro adicionales, profundizando el malestar social en las localidades afectadas por los despidos y las tarifas de tránsito.
