El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó una intensa contraofensiva comunicacional para desestimar de forma tajante las versiones sobre procedimientos judiciales en las sedes del Poder Ejecutivo provincial. Los rumores, vinculados a la causa por presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), señalaban la existencia de operativos en despachos oficiales debido a las supuestas conexiones de la administración local con Juan Pablo Beacon, una figura clave en la investigación que evalúa presentarse como arrepentido ante los tribunales de Estados Unidos.

A través de un comunicado, redes sociales y una rueda de prensa, el mandatario rionegrino negó cualquier tipo de intervención de las fuerzas federales en las dependencias estatales de Viedma.

"Es absolutamente falso. Desmentimos por completo cualquier tipo de situación judicial en alguna dependencia del gobierno provincial. No hubo ningún allanamiento, ni en Casa de Gobierno, ni en ningún ministerio, ni tampoco a mí en particular", enfatizó Weretilneck, quien atribuyó las versiones a una maniobra de la oposición local.

Cruces informativos y la sombra de un operativo en ALTEC

Pese al categórico desmentido del Ejecutivo —que coincidió con la reciente contratación de una consultora de comunicación porteña por un monto de 1.500 millones de pesos—, fuentes tribunalicias y de la Policía Federal insistieron en que se registraron movimientos en la capital provincial. La confusión en el arco político se acrecentó tras trascender que se ejecutó una orden judicial en las oficinas de la empresa estatal de tecnología ALTEC.

En los ámbitos judiciales se especula con que la medida podría haberse formalizado bajo la figura de una orden de presentación o requerimiento de documentación, un mecanismo que suele mitigar el impacto público de un allanamiento tradicional. No obstante, el gobernador también negó la existencia de solicitudes de información por parte de los magistrados.

Los vínculos con el clan Beacon y las gestiones bajo sospecha

Donde el descargo de Weretilneck mostró fisuras fue al abordar la relación con el entorno de Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino en la estructura del fútbol nacional. El gobernador reconoció que el hermano del sospechoso se desempeña como funcionario dentro de la estructura del Estado rionegrino, aunque intentó desligar la designación de las acusaciones por delitos financieros. Al respecto, argumentó que se trata de una familia tradicional de Viedma y que el accionar de un familiar en el ámbito deportivo no debería configurar una condena por portación de apellido.

Sin embargo, el foco de la polémica excede los lazos de parentesco. Investigaciones periodísticas y cruces de mensajería sugieren una presunta trama de intermediación de la que participaría el propio gobernador junto a la cúpula de la AFA.

De acuerdo con esos registros, Beacon habría operado como nexo político para articular intereses vinculados a capitales de Medio Oriente. En dicho esquema, se investiga si el mandatario patagónico cumplió un rol clave para facilitar gestiones territoriales y destrabar barreras regulatorias en favor de inversiones impulsadas por el Emir de Qatar en zonas de frontera, proyectos que abarcan desde la adquisición de tierras boscosas hasta la explotación de centrales hidroeléctricas en la región.