El anuncio es una de las principales banderas que agita la gestión de Javier Milei: la reducción o eliminación de 24 gravámenes a lo largo de su mandato y una transferencia estimada en 100.000 millones de dólares hacia el sector privado. Sin embargo, detrás del impacto de la cifra oficial, el debate de fondo gira en torno a la distribución de ese alivio. Al desmenuzar las medidas, economistas y analistas advierten que la baja de la presión impositiva no ha impactado de manera homogénea en la pirámide social, profundizando las asimetrías de un esquema históricamente regresivo.

El diseño del mapa impositivo argentino se sostiene de forma mayoritaria sobre tributos indirectos —como el IVA, el impuesto al cheque e Ingresos Brutos— que penalizan el consumo diario en lugar de la riqueza acumulada. Diversas investigaciones académicas coinciden en que los hogares de recursos limitados destinan una porción sustancialmente mayor de sus ingresos a pagar estos gravámenes en comparación con las familias de alto poder adquisitivo, que disponen de margen para el ahorro y la inversión libre de impuestos.

El foco en el patrimonio y los bienes de lujo

Los primeros movimientos de la administración libertaria se concentraron en modificar la carga sobre el patrimonio. A través de reformas clave, se redujeron las alícuotas de Bienes Personales, se elevó el mínimo no imponible y se garantizó la estabilidad de estas tasas por una década y media para quienes se adhirieran al pago anticipado. A este esquema se acoplaron el blanqueo de capitales y las recientes normativas de regularización fiscal dictadas por decreto a principios de 2026, que flexibilizaron los plazos de prescripción para reclamos del fisco sobre fondos no declarados.

De manera complementaria, el Ejecutivo redujo las alícuotas de los impuestos internos que pesan sobre vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves privadas, consumos ajenos a los sectores populares y medios. En el sector productivo, la flexibilización de los derechos de exportación —medida considerada necesaria para la competitividad por diversos centros de estudio— cosechó reparos debido a la ausencia de gravámenes progresivos que compensaran el bache fiscal sin resentir las cuentas públicas.

La dualidad entre asalariados y corporaciones

La política tributaria del período muestra, a su vez, una marcada asimetría en su dirección. Mientras el oficialismo reimplantó el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos de los asalariados de ingresos medios y altos —en sintonía con las metas de consolidación fiscal sugeridas por el Fondo Monetario Internacional—, el tratamiento para las grandes corporaciones tomó un rumbo opuesto.

Bajo los regímenes de promoción de inversiones (RIGI y Súper RIGI), las compañías beneficiadas gozan de un tope en la alícuota de Ganancias que puede perforar el piso del 15%. Este beneficio contrasta con las escalas que enfrentan los trabajadores registrados en relación de dependencia, quienes pueden terminar tributando un porcentaje sensiblemente mayor sobre sus ingresos mensuales.

La discusión actual expone una encrucijada estructural que trasciende las gestiones de turno: el dilema de cómo financiar las prestaciones del Estado —tales como la previsión social, la salud pública y la infraestructura educativa— cuando las reformas impositivas tienden a aliviar selectivamente a los sectores de mayor capacidad contributiva, mientras se mantiene intacta la carga sobre el consumo de las mayorías.