La tregua mediática que ofrece la agenda deportiva internacional no ha frenado la marcha de las investigaciones en los tribunales federales. Francisco Adorni, legislador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (representante de la octava sección electoral), enfrenta un panorama procesal complejo en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Daniel Rafecas dispuso en las últimas horas una serie de medidas de prueba clave sobre sus activos y declaraciones patrimoniales, acercándolo a una posible citación a declaración indagatoria, tal como había solicitado el fiscal Guillermo Marijuán.
La pesquisa principal se enfoca en determinar si el incremento en los bienes del funcionario guarda relación con los haberes percibidos en la administración pública. Con ese objetivo, Rafecas solicitó al Banco Provincia el historial completo de los pagos efectuados entre 2024 y 2026 para la cancelación acelerada de un préstamo hipotecario de 60 millones de pesos. Asimismo, el magistrado requirió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires la última presentación patrimonial de Adorni y libró oficios al Registro de la Propiedad para constatar la titularidad de dos inmuebles vinculados a un proceso sucesorio.
Un punto crítico del expediente radica en una rectificación de su declaración jurada por 21 millones de pesos, efectuada por el legislador con posterioridad al inicio de la denuncia penal, bajo el argumento de tratarse de una herencia familiar. Para el fiscal Marijuán, dichos valores no concuerdan con el detalle sucesorio presentado por su hermano, Manuel Adorni. La fiscalía enfatiza que, dada la formación profesional del imputado como perito contador y su experiencia laboral previa en el Consejo de la Magistratura provincial, resulta inverosímil atribuir estas discrepancias a un simple error de confección.
El frente judicial en Comodoro Py y el impacto político
El escenario procesal de Adorni no se agota en el juzgado de Rafecas. La Cámara Federal unificó en los tribunales de Retiro un segundo expediente que se originó a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Esta causa indaga sobre su gestión en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), puntualmente en relación con el otorgamiento de un crédito de 40.000 millones de pesos a la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), bajo la presunción de delitos de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.
Desde el entorno de la defensa del diputado desestiman las imputaciones, argumentando que las inconsistencias señaladas corresponden a meros desajustes formales que ya fueron corregidos ante los organismos correspondientes, negando la existencia de un incremento patrimonial ilícito.
Sin embargo, el caso trasciende lo estrictamente legal y golpea de lleno la estrategia territorial de La Libertad Avanza en la provincia. La situación procesal de Francisco se suma a la reciente renuncia de su hermano Manuel a la Jefatura de Gabinete —quien fue reemplazado por Diego Santilli tras verse involucrado en sospechas similares—. La acumulación de causas judiciales en el núcleo familiar debilita el discurso de transparencia de la fuerza oficialista en La Plata, un distrito clave de la octava sección electoral donde el peronismo comandado por Julio Alak mantiene una fuerte hegemonía, y donde los tropiezos de la oposición reconfiguran de manera directa la carrera de cara a los próximos turnos electorales.
