El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, tras hallarlos culpables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en el marco del denominado "Caso Skanska".
La resolución de los magistrados alcanzó además al exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, quien recibió idéntica pena de cinco años de cárcel. A su vez, el tribunal hizo lugar a la solicitud formulada por el fiscal federal Abel Córdoba y dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para que todos los condenados puedan volver a ejercer cargos públicos.
La sentencia fue leída por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Los exfuncionarios asistieron a la audiencia de manera virtual desde sus respectivos lugares de reclusión: De Vido desde su propiedad en Zárate, donde cumple arresto domiciliario, y López desde la cárcel federal de Ezeiza.
El origen del primer gran escándalo del período kirchnerista
El expediente Skanska remite al año 2004 la investigación penal se centró en el direccionamiento de las licitaciones y el cobro de retornos ilegales para adjudicar las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la constructora de origen sueco montó un andamiaje financiero ilegal para disimular los pagos a los funcionarios públicos. Este esquema se valió de la utilización de facturas apócrifas emitidas por más de veinte sociedades ficticias, simulando la contratación de servicios de consultoría y logística que jamás se llevaron a cabo.
La prueba fundamental que destrabó el caso y permitió su avance fue una grabación obtenida de una auditoría interna de la propia compañía multinacional. En dicho registro sonoro, el entonces gerente comercial de Skanska, Javier Azcárate, admitía ante el síndico Claudio Corizzo que la empresa había accedido al desembolso de coimas para garantizarse la exclusividad y continuidad de los contratos viales y energéticos.
Al momento de elevar las actuaciones a juicio oral en 2019, el juez federal Sebastián Casanello determinó que la firma sueca pactó de forma clandestina con sus competidoras para inflar artificialmente las ofertas de costo de obra. Esta maniobra contó con el consentimiento activo de los funcionarios públicos encargados de regular el proceso de licitación, lo que generó un perjuicio millonario e irreversible para el erario público a cambio de beneficios económicos ilícitos a título personal.
