En una jornada marcada por fuertes discrepancias internas y el impacto del receso invernal, el oficialismo no logró consolidar la mayoría necesaria en la Cámara Alta para aprobar la reforma de la Ley de Tierras. El debate sobre el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" —central en la agenda de La Libertad Avanza— quedó suspendido hasta el próximo 6 de agosto, luego de que la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, solicitara un cuarto intermedio al verse comprometido el número de votos afirmativos.
La sesión abrió con un quórum de 37 legisladores obtenido al límite del tiempo reglamentario, requiriendo intensas negociaciones previas con un sector de la Unión Cívica Radical. Si bien la Cámara logró convalidar la designación de 29 pliegos judiciales y dar ingreso a otra treintena de nombramientos, el consenso se quebró al abordar el artículo que deroga el límite del 15% para la adquisición de parcelas rurales por parte de capitales internacionales.
Las ausencias clave por licencias y los desacuerdos entre el ala parlamentaria y la Casa Rosada minaron la estrategia libertaria. Mientras Bullrich había consensuado una modificación para que cada provincia pudiera fijar sus propios topes regulatorios, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, rechazó dicho borrador. Ante el temor de que la propuesta fuera vetada posteriormente por el Poder Ejecutivo, el bloque oficialista optó por postergar el tratamiento para reescribir la iniciativa.
El impacto del clima mundialista y tensiones cruzadas
El fervor por el pase de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo también impregnó el recinto. Varios senadores exhibieron camisetas e insignias albicelestes en sus bancas, lo que generó réplicas y chicanas por parte de la oposición, que cuestionó el contraste entre las celebraciones patrias y la intención de liberar la venta del territorio nacional. Paralelamente, trascendieron rispideces y cruces virtuales entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel en torno a la conveniencia de sesionar bajo ese contexto social.
Los otros puntos de la reforma sobre Propiedad Privada:
Más allá del conflicto por las tierras rurales, el megaproyecto del oficialismo contempla modificaciones estructurales en materia de litigios habitacionales y expropiaciones:
Mecanismo de desalojo acelerado: Se establece el formato de juicio sumarísimo para agilizar la restitución de inmuebles en casos de usurpaciones o intrusiones precarias. El articulado fija que los magistrados podrán ordenar la devolución inmediata del bien en cualquier instancia del proceso.
Protección a inquilinos y vulnerabilidad: A pedido de los bloques dialoguistas, se diferenció el estatus de los ocupantes ilegales de aquellos inquilinos con contratos vigentes que presenten morosidad. Para estos últimos, se otorgará un plazo de 10 días corridos tras la intimación antes de iniciar la demanda judicial. Asimismo, si hay menores o adultos mayores desamparados involucrados, se deberán dar 10 días para asegurar una alternativa habitacional.
Restricciones en expropiaciones: La utilidad pública de un bien será de interpretación restrictiva y la indemnización estatal por lucro cesante no podrá superar el 30% del valor del daño emergente, buscando resguardar los fondos del erario público ante juicios de gran envergadura.
