El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, salió a respaldar enfáticamente el paquete de medidas geopolíticas y diplomáticas anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional.
Tras la publicación de los primeros decretos reglamentarios en el Boletín Oficial, el canciller hizo un llamado a la unidad nacional y solicitó deponer las diferencias partidarias en torno a la causa Malvinas. "El Presidente invitó a toda la sociedad y a los sectores políticos a estar detrás de esta causa. Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina", afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que rechazó que los anuncios respondan a mezquindades de coyuntura y remarcó que se trata de una "estrategia totalmente integrada y coordinada".
Durante su disertación en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desarrollada en Puerto Iguazú, Quirno desglosó los pilares económicos que sustentan la nueva política hacia el Atlántico Sur. El funcionario contrapuso la situación actual con el contexto de sanción de la Ley 26.659 —promulgada entre 2011 y 2013—, advirtiendo que en aquel momento las empresas hidrocarburíferas internacionales no afrontaban un costo de oportunidad real al operar sin permiso argentino en las islas. En contraposición, señaló que el vertiginoso desarrollo de Vaca Muerta transforma por completo el mapa de incentivos: las compañías dedicadas a la exploración, servicios petroleros, seguros y financiamiento deberán optar entre afrontar inhabilitaciones legales en la Argentina continentales o volcar sus inversiones a los yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina bajo el amparo de la seguridad jurídica.
En el marco de esta diplomacia económica ejecutiva, Quirno confirmó que la Casa Rosada ya notificó a un universo aproximado de 180 empresas vinculadas al sector offshore en el archipiélago. Además, detalló que el decreto dictado exige la presentación de una declaración jurada de cumplimiento de la normativa sobre Malvinas para aquellas corporaciones que busquen adherir a los beneficios fiscales y cambiarios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Asimismo, adelantó que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones vigentes, incorporando a su vez cláusulas de regularización para aquellas firmas que decidan desistir de sus operaciones clandestinas en Malvinas e instalarse de forma definitiva en el continente.
Por último, el canciller puso de relieve el respaldo presupuestario destinado a la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, calificándola como una obra bisagra para afianzar la soberanía argentina en el Atlántico Sur y consolidar un polo logístico clave para el aprovisionamiento antártico. Quirno enfatizó que el avance de esta infraestructura militar es producto del ordenamiento macroeconómico y del sostenimiento del equilibrio fiscal impulsado por la administración central. Finalmente, al referirse al impacto inmediato de la estrategia oficial, el titular del Palacio San Martín resaltó las fluctuaciones y caídas registradas en la cotización bursátil de las firmas operadoras, asegurando que la diplomacia económica ya está generando los efectos disuasivos previstos sobre el capital internacional.
