Bajo la premisa de depurar la administración pública y erradicar de forma definitiva conductas incompatibles con la ética y los deberes de la función oficial, el Gobierno de la provincia de Neuquén formalizó una nueva tanda de exoneraciones mediante decretos ejecutivos firmados por el gobernador Rolando Figueroa. La medida de rigor institucional alcanzó a un agente de planta permanente que cumplía condena judicial firme por comercialización de estupefacientes y a dos suboficiales de la fuerza de seguridad provincial que incurrieron en reiteradas faltas disciplinarias acumuladas a lo largo de su desempeño.

El endurecimiento de los controles y la revisión sistemántica del legajo del personal estatal se han convertido en pilares transversales de la actual administración, buscando garantizar la transparencia institucional y responder con severidad ante delitos graves o transgresiones graves a los reglamentos internos. De este modo, la purga de agentes incursos en conductas delictivas o indisciplinas severas continúa avanzando de manera sostenida como parte de un proceso permanente de saneamiento orgánico.

El caso del agente estatal: condena por narcotráfico y pérdida de estabilidad

La primera de las sanciones severas recayó sobre JAM, quien revista como personal de planta permanente en la órbita de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Su desvinculación definitiva del Estado provincial se efectivizó luego de que quedara firme la sentencia condenatoria dictada en su contra en el marco de una causa judicial caratulada por infracción a la ley de estupefacientes.

Conforme al fallo emitido por la Justicia, quedó acreditado fehacientemente que el agente comercializó clorhidrato de cocaína y marihuana de manera directa desde su domicilio particular, ubicado en el sector de Valentina Norte Rural, en la capital provincial. Al confirmarse su culpabilidad en el fuero penal y determinarse una pena de cinco años de prisión efectiva, el Poder Ejecutivo aplicó de manera inmediata la causal objetiva de pérdida del derecho a la estabilidad laboral. Los fundamentos legales de la medida subrayan que los graves delitos acreditados en sede judicial resultan de una abierta e inconciliable incompatibilidad con los valores y la labor que debe resguardar cualquier agente del Estado, aplicándose la baja con carácter retroactivo y sumándose a antecedentes previos de despidos de empleados vinculados al narcotráfico registrados desde el inicio de la actual gestión gubernamental.

Sanciones drásticas en la fuerza policial por acumulación de arrestos

En forma paralela a la cesantía en el ámbito administrativo civil, el paquete de decretos contempló la destitución de dos efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén: el cabo primero JJT y el cabo primero MCO. Ambas medidas se fundamentaron en el estricto cumplimiento del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, el Reglamento de Actuaciones Administrativas y la Ley Orgánica de la institución de seguridad.

De acuerdo con las actuaciones elevadas por la Jefatura de Policía al Poder Ejecutivo, los suboficiales superaron de manera holgada los topes normativos vigentes que estipulan que la acumulación de sanciones superiores a los 60 días de arresto en el lapso de un año constituye causal directa de cesantía. En el caso de Tranaman, el legajo registró un total de 75 días de arresto disciplinario acumulados por diversas inconductas cometidas entre julio y noviembre del año previo, sin que el agente presentara descargos recursivos dentro de los plazos legales.

Por su parte, Ortega acumuló 63 días de penalización bajo el mismo régimen en un período equivalente. Tras agotarse las instancias administrativas de defensa y ratificarse las sanciones impuestas por la superioridad, el Ejecutivo procedió a la separación definitiva de ambos efectivos, consolidando el mensaje de orden y disciplina operativa dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.