La escena política nacional ingresó en una nueva polémica luego de que el diputado nacional y referente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentara un formal pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Dirección Nacional de Migraciones.
El objetivo de la presentación es exigir al Poder Ejecutivo que detalle, con rigor estadístico y respaldos legales, los dichos formulados por el presidente Javier Milei acerca de la supuesta expulsión de unas 30.000 personas calificadas como "terroristas" entre 2025 y lo que va de 2026.
La controversia se originó tras una entrevista televisiva en el canal La Nación+, donde el mandatario hizo referencia a estadísticas vinculadas con el control migratorio y la seguridad interior. En dicha ocasión, el jefe de Estado sostuvo textualmente: "Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000", al tiempo que argumentó que se trataría de individuos infiltrados desde otros países con el supuesto propósito de "dinamitar el modelo argentino".
Los interrogantes legales y el pedido de precisión estadística
Ante la magnitud de las cifras expuestas por el Poder Ejecutivo —que implicarían un promedio superior a las 27 expulsiones diarias durante 2025 y cerca de 74 por día en el transcurso de 2026—, el legislador opositor advirtió sobre la gravedad institucional de rotular masivamente a ciudadanos extranjeros bajo la figura de terrorismo sin el debido respaldo judicial ni administrativo. En su presentación formal, amparada en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, Ferraro planteó una serie de requerimientos específicos que el Gobierno deberá responder en los plazos legales:
"Cifras y volúmenes reales": Conocer con precisión el número exacto de personas que fueron efectivamente expulsadas o deportadas del territorio nacional durante ambos períodos anuales.
"Calificación legal": Especificar cuántas de esas deportaciones se encuadraron estrictamente en las causales de terrorismo contempladas por el artículo 29 de la Ley 25.871 de Migraciones. "Antecedentes penales": Detallar si los ciudadanos afectados cuentan con imputaciones formales, condenas firmes en tribunales nacionales o extranjeros, o si figuraban previamente en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
"Denuncias judiciales": Indicar si existen expedientes abiertos o investigaciones en curso impulsadas por el Estado para corroborar la existencia de planes orientados a "dinamitar el modelo argentino", tal como deslizó el Presidente en su intervención mediática.
La iniciativa de la Coalición Cívica vuelve a poner en primer plano el debate sobre los límites en el uso de la terminología institucional de seguridad interior y la transparencia en la difusión de estadísticas oficiales vinculadas a las políticas migratorias y de control fronterizo.
