En una decisión trascendental para el sistema institucional, el máximo tribunal del país revocó este martes el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, norma que en su momento dispuso la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La resolución se fundamentó en la falta de legitimación de la entidad demandante, poniendo fin a una cautelar que mantenía vigencia desde el inicio del proceso.

El pronunciamiento, rubricado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, enfatizó que ante la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, las condiciones constitucionales para configurar un caso o controversia judicial resultan inexistentes.

Cuestionamiento a tribunales inferiores y alcance de la decisión

Durante los fundamentos del fallo, la Corte cuestionó con dureza la actuación de los tribunales inferiores por insistir en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de los recaudos constitucionales exigidos para este tipo de procesos. La acción había sido iniciada originalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) con el propósito de anular el artículo del decreto presidencial. Sin embargo, el tribunal aclaró los alcances de su resolución a través de dos ejes centrales:

* Validez constitucional: El dictamen especificó que la medida no implica abrir un juicio definitivo sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU ni genera interferencias en las atribuciones del Poder Legislativo.

* Naturaleza de la soberanía: Los magistrados argumentaron que la soberanía territorial constituye un elemento esencial constitutivo del Estado, por lo cual no puede ser encuadrada como un bien colectivo amparado por los mecanismos de la acción colectiva previstos en la Constitución Nacional.

De este modo, el expediente judicial que había tenido idas y vueltas entre jueces federales de primera instancia y la Cámara Federal de La Plata concluye con el rechazo formal de la demanda, cerrando una vía de cuestionamiento impulsada por organizaciones de la sociedad civil contra la flexibilización del régimen de tierras.