Un grave episodio de carácter institucional sacudió este jueves a la justicia boliviana luego de que las autoridades del Ministerio Público emitieran una enérgica denuncia pública para alertar sobre la detención presuntamente irregular del fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

De acuerdo con la información oficial difundida por la institución, la sede central de la Fiscalía fue blanco de un despliegue e intervención policial cuyas motivaciones oficiales no habían sido esclarecidas por las autoridades competentes.

El delicado escenario se desató en medio de un clima de hermetismo y desconcierto político. Mediante un comunicado que rápidamente encendió las alarmas en el ámbito jurídico y gubernamental, el organismo judicial expresó su rechazo absoluto al procedimiento policial y enfatizó: «QUEREMOS DENUNCIAR EL SECUESTRO DE NUESTRO FISCAL GENERAL DEL ESTADO». Hasta el momento, los voceros de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo no brindaron precisiones sobre las órdenes judiciales o los fundamentos administrativos que sustentaron la privación de la libertad del funcionario.

El trasfondo judicial y causas de alto perfil

La aprehensión del titular del Ministerio Público adquiere una extrema sensibilidad política debido a las investigaciones sensibles que se tramitan bajo su órbita jerárquica. Entre los expedientes más resonantes que supervisa la fiscalía general destaca la causa abierta contra Fernando Cerimedo, imputado por la presunta tentativa de feminicidio en perjuicio de Nadia Beller.

Mientras las organizaciones de derechos humanos y distintos sectores políticos exigen una pronta aclaración sobre el paradero y la situación legal de Roger Mariaca, los equipos jurídicos del organismo evalúan medidas constitucionales para frenar lo que califican como un avasallamiento a la independencia de los poderes del Estado.