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CUTRAL CO — La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Municipalidad de Cutral Co elevó una nota formal al presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, para manifestar su más enérgico repudio a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada al DNU 70/23 y la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.


El gremio municipal rechazó el fallo emitido el pasado 29 de septiembre de 2026, el cual dejó sin efecto las medidas cautelares que frenaban la desregulación en la venta de territorio nacional a capitales extranjeros.

A tono con el CD de San Martín de los Andes, la representación sindical reclamó que se declare “personas no gratas” a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reclamos centrales de la presentación

• Defensa de la soberanía: Desde ATE advierten que la habilitación de la compra irrestricta de tierras rurales atenta contra la soberanía territorial, la seguridad nacional y la protección de recursos estratégicos como el agua dulce y las zonas de frontera.

• Crítica al máximo tribunal: Si bien el tribunal fundamentó su decisión en cuestiones procesales sobre la legitimación de las partes, el sindicato sostuvo que el impacto práctico desprotege los bienes colectivos del pueblo argentino y convalida modificaciones estructurales al margen del Congreso.

• Pedido de Declaración de Repudio Institucional: Solicitan al cuerpo legislativo local que rechace formalmente la resolución firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

• Declaración de "Personas No Gratas": El proyecto impulsado por el gremio pide declarar explícitamente como "Personas No Gratas" en Cutral Co a los jueces firmantes de dicho fallo por actuar en detrimento de los intereses populares.

Convocatoria abierta a la comunidad

Ante lo que consideran "el desguace del Estado y la entrega del patrimonio nacional", la Junta Interna hizo extensiva la presentación para convocar a asociaciones gremiales, sindicatos, agrupaciones vecinales y entidades intermedias de la comarca a unirse en un reclamo colectivo en defensa de los derechos de la comunidad.