A cuatro meses de su entrada en vigencia, el primer Monitor de la Reforma Laboral elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que la normativa implementada en marzo de 2026 se aleja de los objetivos de dinamización de contrataciones propuestos inicialmente.

El estudio señala un impacto negativo tanto en la formalidad laboral como en el tejido empresarial del país.

Impacto en el empleo y contracción salarial

Caída del empleo formal: El informe indica una pérdida acumulada de 36.000 puestos de trabajo registrados y un total de 13 meses consecutivos de retroceso en el sector, alcanzando 241.200 empleos formales destruidos desde el cambio de gestión en noviembre de 2023.

Aumento de la informalidad: La tasa de desocupación se ubicó en el 7,9%, la subocupación llegó al 11,5% y la informalidad escaló al 45%, marcando un récord histórico en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con más de 6 millones de trabajadores no registrados.

Poder adquisitivo: Los salarios privados formales acumulan una contracción real del 3,7% frente a los niveles de enero-noviembre de 2023, una cifra que asciende al 8% al considerar el IPC actualizado, mientras que los sueldos del sector público nacional retrocedieron un 37,8%.

Cierre masivo de empresas y sectores afectados

El relevamiento califica el panorama corporativo como un récord negativo, contabilizando 31.342 cierres de empresas en todo el país desde el inicio de la gestión actual, con una baja de 709 firmas solo en el último mes analizado.

Afectación pyme: El 47% de los cierres recayó en unidades productivas de hasta 100 trabajadores, destacándose un recorte del 6,8% en firmas de entre 1 y 10 empleados.

Rubros más golpeados: Las mayores reducciones netas se concentraron en Comercio (-8.758), Transporte y almacenamiento (-6.915) e Industria (-4.158).

Panorama federal: El cierre de establecimientos alcanzó a 23 provincias, siendo las regiones del Norte y Cuyo las más afectadas, mientras que Neuquén constituyó la única excepción con un saldo positivo de 72 empresas.

Desde el IAG concluyeron que herramientas contempladas en la normativa, como el banco de horas y la ampliación de los períodos de prueba, no funcionaron como un estímulo suficiente para que el sector privado formalice nuevas contrataciones.