Imagen

La localidad cordillerana de Aluminé se encuentra conmocionada tras un nuevo episodio de violencia que salpicó de lleno al gabinete municipal.

En medio de un clima aún marcado por el dolor social debido al femicidio de Noemí Matamala, el intendente Diego Victoria decidió desplazar de su cargo a la secretaria de Ambiente, Gloria Molina, tras ser señalada por una presunta agresión física contra una mujer en la vía pública.

Tolerancia cero y decisión oficial

La desvinculación se dio a conocer a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales tanto del municipio como del jefe comunal.

En el texto, el Ejecutivo municipal evitó detallar pormenores del hecho o la existencia de denuncias formales, pero encuadró la medida en una estricta política de "tolerancia cero" frente a cualquier manifestación de violencia, sin importar el ámbito ni los involucrados.

Postura del intendente: "La violencia no puede ser naturalizada", expresó Diego Victoria, remarcando que quienes ejercen funciones públicas tienen la obligación ética de dar el ejemplo y actuar con coherencia.

Medidas administrativas: Desde la comuna informaron que se encuentran trabajando con equipos técnicos y legales en las actuaciones correspondientes, respetando la normativa y las garantías vigentes.

Versiones y hermetismo judicial

Hasta el momento, fuentes periodísticas indicaron que el caso no habría ingresado formalmente al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el hecho generó un fuerte revuelo en la comunidad y múltiples versiones en redes sociales:

El episodio: Testimonios y publicaciones viralizadas en Facebook señalan que la víctima, madre de dos niñas, habría sido golpeada mientras se encontraba en el piso.

Involucrados: Trascendió que en el hecho también habría tenido participación un empleado del EPEN y expareja de la mujer atacada. Asimismo, circuló la versión de que la víctima debió ser asistida por los golpes en la guardia del hospital local.

Falta de confirmación oficial: Desde el municipio optaron por caratularlo prudentemente como "hechos de público conocimiento" sin calificarlo formalmente como un caso de violencia de género, a la espera de mayores precisiones institucionales.

Por su parte, la funcionaria desplazada, Gloria Molina, optó por no realizar declaraciones públicas sobre lo acontecido.