El Poder Ejecutivo Nacional elevó un requerimiento de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el propósito de paralizar las operaciones hidrocarburíferas promovidas por el Gobierno del Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.

Acciones legales y amparo en el marco internacional

Desde la Oficina Presidencial ratificaron que esta presentación busca resguardar la jurisdicción de la República Argentina sobre la plataforma continental, evitando que las concesiones otorgadas de forma unilateral por las autoridades británicas acentúen el diferendo territorial admitido por la Organización de las Naciones Unidas.

Esta acción judicial se suma al proceso de arbitraje promovido por la administración nacional a fines de septiembre, instrumentado a través del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para garantizar la protección de la soberanía y el patrimonio natural del país.
Fundamentos jurídicos de la medida

La estrategia legal argentina se apoya en el apartado 5 del artículo 290 de la CONVEMAR. Dicha cláusula habilita a las partes a reclamar disposiciones preventivas urgentes durante la etapa de conformación del tribunal arbitral, con el fin de evitar un perjuicio severo al ecosistema marino o impedir que se vulneren los derechos territoriales en disputa.

En el tramo final del pronunciamiento, el Estado argentino revalidó la titularidad soberana sobre el archipiélago de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus franjas marítimas adyacentes, enfatizando el reclamo legítimo basado en razones históricas y jurídicas.