Tras más de tres horas de cruces y refriegas frente al Congreso, la administración nacional confirmó que avanzará con denuncias penales contra los involucrados. Desde la cartera de Seguridad advirtieron que las agresiones a los uniformados y los destrozos no quedarán impunes.
El Poder Ejecutivo ratificó que formalizará presentaciones judiciales contra los grupos que protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante la movilización en defensa de la educación superior. Los choques, que se extendieron por un lapso superior a las tres horas, culminaron con un saldo de efectivos lesionados y personas aprehendidas.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó la decisión institucional al señalar que quienes incurrieron en ataques contra el personal policial, provocaron daños en la infraestructura urbana o perpetraron ilícitos deberán afrontar las consecuencias penales correspondientes.
"Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia", aseveró la funcionaria al repudiar los episodios de violencia desatados en el transcurso de la manifestación.
Divergencias en los reportes oficiales y apertura de la causa
El saldo oficial de los incidentes arrojó diferentes estimaciones según los partes difundidos: por un lado, se contabilizaron 31 aprehensiones y diez agentes heridos; en tanto, otra de las versiones oficiales redujo la cifra a 25 detenidos y ocho uniformados con lesiones.
Con esta medida, la gestión nacional abre una nueva vía judicial para deslindar responsabilidades individuales tras la tensa jornada en el ámbito legislativo, buscando sancionar penalmente la alteración del orden público registrada durante la protesta.
