El juez Ariel Lijo ratificó los planteos de la fiscalía sobre un esquema de retornos e irregularidades en la adquisición de prótesis e insumos ortopédicos de alto costo. La defraudación global estimada al Estado supera los 7.800 millones de pesos.
En el marco de la causa que investiga presuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Justicia Federal dictó un nuevo procesamiento contra el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, junto a ex directivos y una red de proveedores del sector privado. La resolución, firmada por el juez Ariel Lijo tras la presentación del fiscal Franco Picardi, atribuye a los imputados la consolidación de un circuito ilícito destinado a direccionar licitaciones de insumos ortopédicos y dispositivos de alta complejidad a cambio de sobreniveles tarifarios y dadivas.
La medida alcanza a un total de 24 involucrados entre exfuncionarios y empresarios, sobre quienes pesan cargos por asociación ilícita, administración fraudulenta agravada, negociaciones incompatibles con la función pública y, en casos específicos, maniobras de lavado de dinero.
El circuito de los insumos y el impacto económico
A diferencia del primer tramo del expediente centrado en el rubro farmacéutico, esta segunda fase de la investigación focalizó su análisis en las compras efectuadas a través del Programa Incluir Salud entre finales de 2023 y octubre de 2025. Los procedimientos bajo sospecha corresponden a insumos de elevada cuantía —denominados PACBI— tales como prótesis para amputaciones, prótesis auditivas, material de traumatología, andadores y sillas de ruedas motorizadas destinadas a sectores vulnerables.
De acuerdo con las pericias técnicas incorporadas a la causa, se identificó un desfase presupuestario provisional de por lo menos:
Insumos ortopédicos y tecnología médica: $1.849.277.963
Medicamentos (tramo inicial): $5.984.594.394
Perjuicio económico consolidado: $7.833.872.357
Modus operandi y roles dentro de la organización
La resolución judicial sostiene que la estructura delictiva operó con un reparto sistemático de funciones. Mientras la conducción pública a cargo de Spagnuolo y Daniel Garbellini gestionaba la manipulación de los expedientes, referentes del ámbito privado actuaban como intermediarios para direccionar las invitaciones, simular competencia entre oferentes y gestionar el retorno de los fondos.
Asimismo, la Cámara Federal validó la hipótesis de que las decisiones administrativas se adoptaban fuera de las vías regulatorias del sistema oficial SIIPFIS, configurando un patrón coordinado y sostenido en el tiempo más allá de irregularidades aisladas.
Junto a los principales acusados, la resolución alcanzó con procesamientos a una veintena de ejecutivos de firmas ortopédicas y agentes administrativos, al tiempo que el magistrado dispuso la falta de mérito para otros 11 indagados a fin de profundizar las actuaciones.
