Buenos Aires — La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py bajo los cargos de discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La presentación judicial se originó a partir de una publicación en redes sociales en la que la titular de la cartera de Seguridad vinculó reclamos presupuestarios educativos con imágenes de disturbios bajo la frase “Así los universitarios reclaman sus derechos”.

La denuncia fue interpuesta por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano. Según el escrito, el mensaje difundido el 15 de octubre de 2026 en el marco de la Marcha Federal Universitaria excedió la crítica a incidentes aislados y estigmatizó de manera generalizada al conjunto de estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas del país al asociar la demanda por la Ley de Financiamiento Universitario con conductas delictivas.

Fundamentos de la acusación y figuras penales imputadas

Los denunciantes solicitaron que la Justicia Investigue si la conducta de la funcionaria se encuadra en las previsiones del artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el artículo 212 del Código Penal —referido a la incitación a la violencia colectiva— y el artículo 248 sobre abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público:

Estigmatización colectiva: La presentación sostiene que el uso de expresiones generalizadas desde una posición de poder institucional vulnera la presunción de inocencia e incita a la hostilidad hacia la comunidad universitaria.

Jurisprudencia y ética pública: La acusación invoca estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad en los discursos de funcionarios estatales, así como los deberes de prudencia e igualdad de trato fijados en la Ley de Ética Pública 25.188.

Medidas de prueba solicitadas y asignación del juzgado

En su escrito, los abogados —quienes solicitaron ser reconocidos como víctimas en su condición de graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires— requirieron la preservación urgente del material digital publicado en la plataforma X. Entre las medidas solicitadas figuran la certificación notarial e informática de la publicación y el libramiento de oficios a la firma X Corp. para relevar los registros de acceso y direcciones IP asociadas.

Tras el sorteo correspondiente en los tribunales de Comodoro Py, la causa recayó en el Juzgado Federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos.