En una jornada marcada por intensas tratativas en el Parlamento, la Cámara de Diputados otorgó sanción inicial a una nueva legislación que regula las prestaciones e ingresos para las personas con discapacidad. El proyecto, respaldado por una amplísima mayoría de 237 votos afirmativos, destraba el conflicto generado tras el vencimiento inminente del estado de emergencia del sector e invalida los recortes contemplados originalmente en el Presupuesto 2027.
La propuesta cosechó un respaldo transversal que incluyó al bloque oficialista, bancadas aliadas y a la principal fuerza de la oposición, tras la incorporación de severos retoques al articulado inicial. Con solo 9 sufragios en contra y 4 abstenciones, la norma pasa ahora al Senado con un volumen de apoyos que complica cualquier intento de modificación o eventual bloqueo del Poder Ejecutivo.
Puntos clave del nuevo marco normativo
El consenso alcanzado establece garantías permanentes para el colectivo, evitando la necesidad de prorrogarlas mediante emergencias temporales:
Mantenimiento de derechos adquiridos: Se preserve la asignación equivalente al 70% de la jubilación mínima, así como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento rector de acceso.
Aranceles e integración: Se ratifican la vigencia del Nomenclador Único de prestaciones y la compatibilidad con empleos registrados (siempre que las retribuciones no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).
Protección de salud y financiamiento: Se fija la obligatoriedad de la cobertura médica integral mediante el programa Incluir Salud y se imponen asignaciones presupuestarias específicas que resguarden los montos contra la inflación.
Regularización de deudas e inspección: El Estado deberá presentar una hoja de ruta para cancelar en un plazo no mayor a 90 días los pasivos pendientes con los prestadores. Paralelamente, se implementarán auditorías cruzadas entre organismos oficiales, garantizando el debido proceso antes de efectuar suspensiones.
El viraje de las negociaciones
La disputa cobró dinamismo semanas atrás cuando la oposición impulsaba extender la emergencia del área. La tensión escaló con el envío de la pauta presupuestaria del año entrante por parte de la Casa Rosada, la cual reducía beneficios y flexibilizaba el arancel unificado para las obras sociales y prepagas.
Frente a la presión de las entidades del sector y el inminente debate en el recinto, los negociadores de La Libertad Avanza aceptaron remover las cláusulas de ajuste del Presupuesto y adoptar las sugerencias de la oposición, asegurando así un texto unificado.
Las posturas en el recinto
Durante la votación, la amplia mayoría estuvo conformada por La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria y diversos espacios provinciales.
Las contadas objeciones provino de legisladores cordobeses, quienes argumentaron deficiencias en el proceso de consulta con las asociaciones civiles del sector, mientras que la izquierda optó por la abstención señalando la falta de respuestas inmediatas ante los montos impagos a los prestadores de servicios.
Con este resultado, la iniciativa queda a un paso de convertirse en ley en la Cámara Alta, cerrando un extenso capítulo de incertidumbre presupuestaria para el sistema asistencial del país.
