ASUNCIÓN — Paraguay enfrenta una profunda crisis financiera e institucional tras la abrupta intervención de Ueno Bank, una de las entidades digitales más importantes del país. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un proceso de resolución, motivada por un desplome crítico en los índices de solvencia, ha dejado a millones de clientes temporalmente sin acceso a sus cuentas, ahorros y tarjetas, desatando protestas en las calles y un fuerte temblor político que alcanza al propio Poder Ejecutivo.

Un colapso financiero y judicial

El detonante técnico de la intervención fue la detección de un grave deterioro en la salud financiera de la entidad: su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa vigente, una situación que ya venía siendo advertida por legisladores y especialistas durante los últimos meses.
La respuesta judicial no tardó en llegar. En paralelo a la medida del BCP, se emitieron ocho órdenes de captura contra directivos y personas vinculadas al grupo financiero, de las cuales dos ya se encuentran detenidas, mientras avanzan las pesquisas por presuntas irregularidades y manejo negligente de los fondos.

Entre los afectados por la paralización de operaciones se encuentran ahorristas particulares, pensionados y diversos organismos estatales que mantenían depósitos e inversiones en la entidad.

Terremoto político: Renuncia en el BCP y sombra sobre el Ejecutivo

El escándalo escaló rápidamente al plano político. Este martes 3 de noviembre, el titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding —quien había asumido la presidencia del organismo tras presidir previamente la Financiera Ueno— presentó su renuncia a pedido del presidente de la República, Santiago Peña. Tras su salida, Liana Caballero, integrante del directorio del BCP, asumió la conducción de manera interina.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el presidente Peña confirmó la solicitud de dimisión y anunció que acordó con los titulares de ambas cámaras del Congreso la elaboración de un proyecto de ley de emergencia para hacer frente a la crisis.

Sin embargo, la figura del mandatario quedó en el centro de la tormenta pública debido a sus antecedentes: Peña mantuvo participación accionaria en Ueno Holding hasta marzo de 2025. Aunque el jefe de Estado ha negado categóricamente mantener vínculos actuales con la institución, la oposición y diversos sectores sociales cuestionan las garantías de independencia y transparencia institucional.
Protestas y vigilia en Asunción

La incertidumbre y la bronca de los depositantes se trasladaron este miércoles a las calles de la capital. Convocados espontáneamente, decenas de ahorristas se instalaron en la plaza de Armas, frente a la sede del Parlamento, armados con carteles, parlantes portátiles y vistiendo camisetas de la selección paraguaya. Los manifestantes anunciaron que mantendrán una vigilia durante toda la madrugada para exigir respuestas concretas sobre el destino de su dinero.

“Que nos devuelvan el dinero primero”, reclamó Jorge Ramírez, uno de los organizadores de la protesta, quien señaló que su salario quedó totalmente congelado por el bloqueo operativo del banco.

Además de exigir la restitución inmediata de los fondos, los autoconvocados impulsan una recolección de firmas para solicitar el cierre definitivo de Ueno Bank y exigen la destitución del presidente Santiago Peña.

La tensión social ya había dejado sus primeros cruces horas antes, cuando centenares de manifestantes se concentraron en el Panteón de los Héroes, en el microcentro de Asunción, donde se registraron forcejeos y momentos de tensión que obligaron a la intervención policial para dispersar los desórdenes. Mientras la Justicia profundiza las investigaciones y el Congreso evalúa salidas legislativas, el sistema financiero paraguayo atraviesa una de sus pruebas más duras en los últimos años.