Asunción — La causa judicial que compromete al expresidente de Paraguay, Santiago Peña, sumó un giro dramático este lunes cuando una comitiva fiscal allanó su residencia de verano ubicada en la exclusiva zona de San Bernardino, a 50 kilómetros de la capital. Durante el procedimiento, los investigadores descubrieron una bóveda oculta tras una pared falsa que no pudo ser abierta debido a su avanzado sistema de seguridad.
El operativo se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades financieras y préstamos millonarios vinculados al Ueno Bank, un expediente que mantiene al exmandatario detenido en el Regimiento Escolta Presidencial.
Una estructura blindada y tecnología impenetrable
Los fiscales a cargo de la causa inspeccionaron la lujosa propiedad de 1.015 metros cuadrados construidos sobre un predio de más de 5.000 metros cuadrados, valuada en dos millones de dólares. En medio de la requisa, las autoridades ubicaron el habitáculo secreto, el cual se encontraba disimulado detrás de un muro falso.
Sin embargo, los representantes del Ministerio Público se vieron imposibilitados de acceder al interior de la estructura. De acuerdo con fuentes judiciales, la bóveda cuenta con un sofisticado mecanismo de origen israelí que incluiría sistemas de bloqueo y reconocimiento por iris. Ante la imposibilidad técnica de forzarla en el momento, el recinto quedó bajo estricto resguardo judicial a la espera de peritos especializados.
Préstamos millonarios y la mira sobre las finanzas
La investigación que lideran los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore intenta determinar el origen de los fondos utilizados para edificar la propiedad entre 2024 y 2025, en pleno ejercicio de la presidencia de Peña.
Los registros de la causa indican que el exmandatario recibió dos créditos simultáneos del Ueno Bank en mayo de 2024 por un total de 3.548 millones de guaraníes. Las cuotas mensuales pactadas ascendían a 239 millones de guaraníes, una suma que equivalía a seis veces el salario que percibía como jefe de Estado. Dado que el costo global de la obra rondó los 7.700 millones de guaraníes, la Justicia investiga posibles delitos de lavado de activos y negociaciones incompatibles.
En paralelo al allanamiento, el juez penal de Garantías Humberto Otazú ordenó el secuestro del teléfono celular de Peña en su lugar de detención, un elemento clave para dilucidar los movimientos financieros y la red de contactos detrás de la operatoria.
