La causa judicial iniciada tras el incidente ocurrido el pasado 20 de junio en Rosario entre una vecina y la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quedó a un paso del juicio oral. El fiscal provincial Ramiro González Raggio formalizó el pedido de apertura a juicio contra Mariela Vanina Franco, de 48 años, para quien solicitó una pena de 10 días de arresto bajo la figura de agresión física sin empleo de arma.

Según consta en el expediente judicial, el episodio se produjo al mediodía en la intersección de las calles Buenos Aires y Rioja, instantes después de finalizado el acto oficial encabezado por el presidente Javier Milei en el Monumento Nacional a la Bandera. De acuerdo con la acusación, Franco bajó de su bicicleta, interceptó a la legisladora y la increpó al grito de “Tomatelas de acá, facha de mierda”, para luego escupirla. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por el asesor de otra diputada oficialista, material que se convirtió en la prueba principal del caso.

El descargo de la acusada

Tras conocerse el pedido fiscal, Franco rompió el silencio este viernes por la mañana en el programa Cada día (El Tres), donde aseguró que su reacción fue producto de una agresión previa por parte de la funcionaria. “Se metió con mi discapacidad, es lógico que iba a reaccionar de la forma que reaccioné, tampoco la toqué”, afirmó.

Según su relato, padece una dificultad motriz y la diputada la habría insultado diciéndole “renga de mierda”. “Estaba muy angustiada y muy mal, le dije que era una facha y que no era bienvenida en Rosario; ni ella ni el presidente”, sostuvo la mujer, quien además denunció que, tras el intercambio verbal, Lemoine le aplicó una cachetada.

La postura de Lemoine y el cruce judicial

En su presentación —realizada a través de dos letrados—, la diputada libertaria argumentó que el ataque estuvo motivado “en función de las ideas políticas” que representa y que buscó “generarle inquietud y desasosiego”. Al declarar en el marco de la investigación, Lemoine vinculó el hecho con el clima parlamentario al señalar que estas situaciones “son alimentadas y promovidas desde el mismo Congreso por parte de diputadas como (Florencia) Carignano y (Marcela) Pagano”. Y cerró: “Como representante del pueblo no di un paso atrás, porque eso significaría tener miedo de andar por la calle y yo no lo tengo”.

Por otro lado, la defensa de Franco, encabezada por el abogado Maximiliano Rupani, cuestionó tanto el encuadre legal como el accionar de la Justicia. El letrado señaló que la denuncia inicial fue impulsada por representantes que se presentaron como “funcionarios del Ministerio de Seguridad” y sostuvo que el hecho no debería tramitarse como una contravención. “Entendemos que el encuadre es otro, que se encuentra dentro del Código Penal y entendemos que está más cercano a una injuria, que tiene un trámite totalmente diferente”, explicó Rupani, destacando que esa figura legal prevé únicamente una sanción económica.

Finalmente, el defensor denunció una marcada disparidad en el trato judicial entre ambas partes. Precisó que su clienta presentó una contradenuncia por lesiones leves hace más de un mes que aún permanece paralizada y sin fiscal asignado: mientras para el reclamo de la diputada “se acciona y se utilizan todos los recursos del Estado y hasta lo máximo que solicitar la privación de libertad de una persona”, la presentación de la vecina rosarina sigue sin movimientos.