Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, la Cámara alta sancionó la norma que reemplaza el esquema de emergencia vigente hasta fin de año. La ley mantiene las pensiones no contributivas en el 70% del haber mínimo, garantiza el programa Incluir Salud, actualiza aranceles por movilidad jubilatoria y establece plazos para cancelar deudas.
El Senado de la Nación sancionó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad —denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad—, estableciendo un régimen permanente de prestaciones y financiamiento para el sector. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y ningún voto negativo, tras contar con media sanción de la Cámara de Diputados, y reemplaza el esquema de emergencia que regía con vencimiento previsto para fin de año.
La norma replica gran parte del esquema de beneficios contemplado en la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio y de emergencia para darle estabilidad normativa en el tiempo.
Pensiones no contributivas, empleo y cobertura médica
Uno de los ejes centrales de la legislación aprobada refiere al acceso y las condiciones de las pensiones no contributivas. La ley modifica el artículo 9 de la Ley 13.478 y contempla este beneficio para personas de 70 años o más, personas imposibilitadas para trabajar y personas con discapacidad que carezcan de cobertura previsional.
Asimismo, el texto conserva el monto de las pensiones por discapacidad e invalidez laboral en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones atadas a la movilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En materia laboral, permite que los beneficiarios accedan a un empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo, siempre que sus ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En el plano sanitario, la nueva ley garantiza la continuidad del programa Incluir Salud —uno de los reclamos centrales durante el debate legislativo—, asegurando cobertura médica y prestaciones para quienes no cuenten con otra cobertura.
Prestadores, actualización de aranceles y cancelación de deudas
Para quienes brindan servicios dentro del sistema, la ley preserva el nomenclador único de prestaciones y el arancel unificado que fijan los valores a percibir. A partir de esta normativa, los montos tendrán actualización automática conforme a la movilidad jubilatoria —vinculada a la inflación—, con el objetivo de aportar previsibilidad a los pagos.
En cuanto a los pasivos acumulados, la norma obliga al Poder Ejecutivo a informar un cronograma para cancelar las deudas dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley, y dispone completar los pagos en un plazo máximo de 90 días desde su entrada en vigencia.
Financiamiento, auditorías y garantías ante suspensiones
En el capítulo presupuestario, la ley establece que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema de discapacidad no podrán registrar caídas en términos reales respecto del ejercicio anterior, y contempla el aporte de recursos del Tesoro para cubrir eventuales faltantes.
A su vez, incorpora mecanismos de control más estrictos sobre los fondos y el cumplimiento de requisitos. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá llevar adelante auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSES, ARCA, el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Ante un incumplimiento objetivo detectado en esos controles, la autoridad podrá disponer la suspensión preventiva de una prestación. No obstante, en el caso de las pensiones, la norma fija un procedimiento con resguardos: exige notificar a la persona afectada y otorgarle un plazo de 60 días para presentar su descargo, antes de una revisión posterior a cargo de la autoridad competente.
El recorrido político y la tensión por el Presupuesto
El proyecto llegó al recinto del Senado luego de haber obtenido media sanción en Diputados, en el marco de un acuerdo entre el oficialismo y sectores aliados, aunque atravesado por reparos desde la Casa Rosada respecto del alcance de las políticas hacia el sector.
Uno de los focos de mayor fricción fue el proyecto de Presupuesto 2027, que dejaba sin efecto los principales puntos vinculados a la emergencia en discapacidad y encendía alertas sobre la continuidad de las prestaciones y su financiamiento. Durante la sesión de este jueves también hubo discusiones entre el peronismo y el oficialismo por las demoras en el trámite parlamentario, aunque la votación final reunió el respaldo unánime de los 71 senadores presentes.
