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El decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva establece una transición gradual de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial, que alcanzará a 36,5 millones de trabajadores en medio de cuestionamientos empresariales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves el decreto que reglamenta la reducción de la jornada laboral al esquema 5x2 —cinco días de trabajo y dos de descanso remunerado, en reemplazo del tradicional sistema 6x1—, medida que entrará en vigor el próximo 16 de diciembre.

La normativa regula la ley aprobada por el Congreso en octubre y fija un cronograma de aplicación progresiva sin reducción de haberes:

Primera etapa (desde el 16 de diciembre de 2026): el tope semanal bajará de 44 a 42 horas.

Etapa definitiva (desde diciembre de 2027): la jornada máxima quedará establecida en 40 horas semanales.

Desde el Gobierno brasileño confirmaron que la reforma prohíbe recortar salarios por la disminución horaria, lo que representará un incremento aproximado del 10 % en el valor de la hora trabajada al completarse la transición. Asimismo, quienes pasen del régimen 6x1 al 5x2 sumarán 52 días adicionales de descanso al año —alcanzando unos 104 días libres anuales, sin contar feriados ni vacaciones—, dentro de un universo estimado de 36,5 millones de trabajadores beneficiados.

Durante el anuncio, Lula defendió la iniciativa —uno de los ejes centrales de su campaña— al sostener que busca "humanizar" el mundo del trabajo. “Una persona descansada produce mucho más que una persona cansada, ya sea en áreas intelectuales o en servicios pesados”, afirmó el mandatario, quien además anticipó resistencias y posibles planteos judiciales por parte del empresariado, al que acusó de no haber trasladado a los empleados los beneficios de la digitalización.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Luiz Marinho, destacó que el diseño del decreto surgió tras más de un centenar de reuniones con distintos actores económicos. Su cartera deberá ahora dictar reglamentaciones específicas para actividades con jornadas especiales o de funcionamiento continuo, como hospitales, servicios de vigilancia, refinerías, siderúrgicas y ensambladoras de automóviles.

Resistencia del sector empresarial

La reforma ya había sido objetada ante la Corte Suprema de Brasil por cámaras empresarias e industriales, aunque las reglas de transición quedaron firmes luego de un fallo dictado la semana pasada por el magistrado Flávio Dino, instructor de la causa.

Desde la Confederación Nacional del Comercio (CNC) advirtieron que la cercanía del 16 de diciembre dificulta la adaptación operativa en plena temporada de fiestas de fin de año. En paralelo, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) calculó que la medida implicará un costo de 11.000 millones de reales —cerca de 2.000 millones de dólares— y reclamó que los cambios no alcancen a los convenios colectivos firmados con anterioridad.