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La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado, que ya se cobró casi cien vidas, se ha convertido en una prueba de fuego para el gobierno de Javier Milei. Mientras las críticas apuntan directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha defendido su continuidad en el cargo. En declaraciones radiales, Francos fue claro al afirmar que la cartera de Salud no tiene injerencia en el escándalo y que la responsabilidad recae en la Justicia, que ya investiga el caso.

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Una grave denuncia penal ha sido presentada contra figuras clave del gobierno, incluyendo a los hermanos Javier y Karina Milei. El abogado Gregorio Dalbón los acusa de liderar una asociación ilícita dedicada a la defraudación del Estado a través de la compra de medicamentos con sobreprecios. La denuncia, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, también incluye a Eduardo "Lule" Menem, al titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y al empresario Eduardo Kovalivker.

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Una serie de audios de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), revelaron un supuesto entramado de corrupción en la compra de medicamentos de altos costos. En la trama se mencionan nombres como Karina Milei y los hermanos Martín y Lule Menem como los supuestos beneficiarios de un esquema de recaudación ilegal.

El diputado nacional Osvaldo Llancafilo (MPN) habló durante el tratamiento del veto a la Emergencia en Discapacidad en la sesión de la Cámara de Diputados y adelantó que votará a favor de que se mantenga la Ley aprobada por el Congreso.

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