El Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas incluyó en sus conclusiones oficiales el revuelo causado por las declaraciones negacionistas del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en Ginebra. El organismo internacional manifestó su "consternación" por el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia y criticó duramente el protocolo de seguridad estatal.
La reciente presentación del Subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ante la sede de la ONU en Ginebra generó controversia internacional. Sus afirmaciones, donde se negó el genocidio de la última dictadura cívico-militar y se justificó la represión estatal a las manifestaciones sociales, quedaron plasmadas en el documento de observaciones finales emitido por el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU.
A pesar de los esfuerzos de la delegación argentina, el CAT, organismo que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura (aprobada por Argentina en 1986), elevó serios cuestionamientos en su informe final:
·Violencia Institucional: Abusos policiales, uso desmedido de la fuerza en protestas y aumento de denuncias de malos tratos a detenidos.
·Impunidad: Falta de investigación efectiva en casos de tortura y malos tratos.
·Condiciones de Reclusión: Agravamiento de las condiciones carcelarias, muertes en custodia y régimen de aislamiento.
·Otros Temas: Problemas en el sistema de salud mental y comunidades terapéuticas, incumplimiento de tratados de asilo político y aumento de casos de trata.
Preocupación por la Memoria y la Justicia
El Comité expresó su "consternación" por la postura negacionista de la administración libertaria. Recogiendo información de más de 20 organizaciones de la sociedad civil (como la CNPT, CPM y CELS), el CAT lamentó el desmantelamiento de equipos y recortes presupuestarios a las instituciones encargadas de investigar la dictadura y preservar la memoria.
El organismo fue enfático al recomendar que Argentina "debe continuar sus esfuerzos para investigar todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad", garantizar los recursos necesarios y asegurar la preservación de los archivos estratégicos, además de garantizar la reparación integral de las víctimas.
Alerta roja por protocolos de seguridad y abusos policiales
Bajo el título "Uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas", el CAT manifestó una seria alarma respecto a las normativas del Ministerio de Seguridad Nacional:
Debilitamiento de restricciones en el uso de la fuerza
El Comité cuestionó tres resoluciones específicas por relajar los límites a la acción policial:
1.Resolución 125/2024 (Uso de Armas de Fuego): Preocupa porque "debilitan la obligación de los miembros de las fuerzas policiales... de identificarse" y amplían la discrecionalidad para usar armas de fuego ante la "mera sospecha" de un delito grave.
2.Resolución 704/2024 (Armamento No Letal): El CAT objeta la falta de especificación de las situaciones en las que se pueden utilizar las armas "menos letales" por parte de las fuerzas federales.
3.Resolución 943/2023 (Protocolo Anti Piquetes): El Comité lamentó la falta de criterios claros para limitar el uso de armas menos letales y la ausencia de respuesta sobre quién invoca el protocolo. Considera que este habilita una "presunción automática de flagrancia en casos de cortes de ruta" y amplía facultades discrecionales sin salvaguardas al derecho de manifestación.
El CAT lamentó no haber recibido información detallada sobre la investigación de denuncias por uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos y agresiones contra periodistas y defensores de DD.HH., mencionando incidentes en las manifestaciones de marzo de 2025. También recordó la presunta represión violenta y detenciones arbitrarias durante las protestas indígenas en Jujuy en junio de 2023.
Recomendaciones clave
El Comité instó a Argentina a:
·Armonizar la legislación sobre el uso de la fuerza con los estándares internacionales, incorporando explícitamente los criterios de necesidad, proporcionalidad y precaución.
·Asegurar la grabación de todos los operativos policiales en manifestaciones y garantizar el acceso de órganos independientes a dichas grabaciones.
·Investigar "pronta, exhaustiva, independiente e imparcialmente" todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Condiciones de detención y violencia intramuros
Abusos y detenciones prolongadas
El informe también puso el foco en la violencia institucional en las calles. El CAT notó con alarma los abusos en los "operativos preventivos" y los llamados de "orden y limpieza" en CABA y Provincia de Buenos Aires, especialmente contra personas en situación de calle, con problemas de salud mental y niños. Esto incluye detenciones masivas, hostigamiento y arrestos sin supervisión judicial.
El Comité manifestó su "seria preocupación por las situaciones de detención prolongada" en comisarías, que no están diseñadas para estancias largas.
Reportes indican que hay personas retenidas allí por más de un año, en condiciones sumamente deficientes: falta de ventilación, sanitarios inadecuados, escaso acceso a agua y demoras en la atención médica.
Alerta por tortura en cárceles
El organismo expresó particular inquietud por el aumento de denuncias de malos tratos en prisiones y comisarías desde 2024. Se mencionan presuntos actos de tortura como golpes, amenazas, simulacros de ahogamiento y abusos sexuales (citando casos documentados en el penal de Piñero, Santa Fe, en marzo de 2024).
El CAT advirtió que:
·Las investigaciones de tortura rara vez se inician de oficio.
·Los hechos suelen tipificarse como delitos menores.
·Hay impunidad debido a exámenes médico-legales deficientes y procesos judiciales demorados.
El Comité exigió al Estado un enfoque de "tolerancia cero" frente a la tortura, solicitando una declaración pública clara del más alto nivel que reafirme el respeto a los derechos humanos sin excepción.
Además, el CAT mostró preocupación por la sobrepoblación carcelaria, las muertes en custodia (por enfermedad, suicidio u homicidio) y la situación de las mujeres privadas de libertad, instando a mejorar los servicios de salud (ginecológicos y obstétricos) y a priorizar alternativas a la prisión, especialmente para embarazadas o con niños pequeños.
Finalmente, el organismo compartió la preocupación por la propuesta de reducir la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años, sumándose a las alertas de otros órganos de derechos humanos.
Argentina tiene un año para reportar al CAT sobre el seguimiento de las recomendaciones relativas a la detención prolongada, el uso excesivo de la fuerza, la impunidad y el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
