Legisladores opositores de cinco espacios políticos distintos plantearon la necesidad de contar con un Régimen de Transparencia y Regulación del Lobby para evitar que funcionarios de los tres poderes del Estado elijan beneficiar a los amigos del Poder en la adjudicación de obra pública, adquisición de bienes o contratación de servicios, en lo que se conoce comúnmente como ‘Lobby’ o tráfico de influencias.
La propuesta, que se enmarca en la Ley de Ética Pública y otras normas que regulan la función pública y la forma en que deben manejarse los recursos públicos, establece un Régimen de Transparencia y Regulación de la Gestión de Intereses en la Provincia del Neuquén al que deberán acogerse tanto los funcionarios públicos como los representantes de empresas u organismos a fin de garantizar el respeto de la ley, la transparencia, y de impedir el ofrecimiento o promesa de ventajas indebidas.
A tal fin, la norma establece que se entiende por gestión de intereses “toda actividad, comunicación o reunión, realizada de manera directa o indirecta, destinada a influir en la formulación, modificación, interpretación o aplicación de políticas públicas, normas, decisiones administrativas o contratos por parte de autoridades o funcionarios públicos”.
A modo de prevención, los legisladores plantean crear el Registro Provincial de Gestores de Intereses (RPGI), que será público, gratuito y de acceso libre, en el que deberá inscribirse toda persona humana o jurídica que realice actividades de gestión de intereses por sí o por terceros ante el sector público provincial.
Como refuerzo de la transparencia, la norma establece la obligatoriedad de declarar las reuniones, comunicaciones o intercambios que mantengan los funcionarios consignando fecha, lugar, participantes y tema tratado, las que deberán ser publicadas en el sitio web del organismo que corresponda.
A su vez, la norma establece un límite para quienes pueden o no convertirse en gestores de intereses. Fuera de estas posibilidades estarán las personas condenadas por delitos contra la administración pública; los exfuncionarios durante los tres años siguiente al cese de sus funciones, respecto de asuntos vinculados al cargo desempeñado; y aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante tres (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.
Los legisladores señalan que en una provincia con una economía tan dinámica y fuertemente vinculada a sectores estratégicos como la energía y los recursos naturales, se hace evidente la necesidad de un marco normativo que permita visibilizar la interacción entre decisores públicos y actores privados, a fin de garantizar que las políticas públicas se adopten en función del interés general y no de intereses particulares poco claros.
“La gestión de intereses conocida comúnmente como “lobby”, es la actividad de grupos o profesionales para influir en la toma de decisiones de los funcionarios públicos de manera legítima, buscando promover cambios en políticas, leyes o regulaciones a favor de un sector”, marcan los fundamentos.
Por ello, insiste, se busca proteger el derecho de acceso a la información que exige la transparencia en las decisiones públicas, el derecho a la participación en la formación de las decisiones y el derecho a la igualdad de oportunidades para representar los propios intereses o los de terceros.
