En un fallo que prioriza el interés superior del niño por sobre la voluntad de los progenitores, la Justicia salteña logró garantizar el acceso a la salud de una recién nacida. La intervención se produjo luego de que la madre retirara a la pequeña de un hospital público sin el alta médica y con el esquema de inmunización incompleto.

El origen del conflicto
La situación se originó en septiembre de 2025, cuando la niña nació en un centro de salud de la capital salteña. Según los informes médicos, la madre abandonó el área de Neonatología antes de que la bebé recibiera las dosis fundamentales de la BCG y la vacuna contra la Hepatitis B, ambas obligatorias por ley en las primeras horas de vida.

Ante la persistente negativa de la familia a regularizar la situación sanitaria, el sistema de salud derivó el caso al Ministerio Público Pupilar.

La respuesta judicial
La asesora de Incapaces, Martha Bustos, impulsó un recurso de amparo bajo la premisa de que el derecho a la salud de la menor estaba siendo vulnerado. La funcionaria argumentó que la vacunación no es una opción familiar, sino una política de Estado protegida por tratados internacionales.

El magistrado Eduardo Barrionuevo hizo lugar al pedido y dictó una orden directa a los padres para que:

Permitieran el ingreso de los profesionales de salud al domicilio o trasladaran a la menor.

Presentaran formalmente el carnet de vacunación completo una vez realizada la práctica.

Resolución del caso
La semana pasada, las autoridades confirmaron que el mandato judicial fue cumplido con éxito. Los profesionales de salud lograron administrar las dosis faltantes y la documentación fue presentada ante el juzgado, cerrando así un proceso que buscó, ante todo, asegurar la inmunidad y el bienestar integral de la bebé frente a enfermedades prevenibles.