Intervención Federal y Denuncias de Represión Pasadas las 14:30 horas, y en cumplimiento de las directivas de seguridad nacionales, un contingente de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura procedió a la aplicación del protocolo antipiquetes. La maniobra de desalojo no estuvo exenta de incidentes: referentes del sector, como Azucena Quintriqueo, denunciaron públicamente un uso desproporcionado de la fuerza, alegando que hubo manifestantes golpeados y disparos durante las corridas que se sucedieron en la zona del puente.

El origen del malestar: La "ficticia" capacitación laboral El núcleo del conflicto expone una realidad estructural del municipio. Los manifestantes, que perciben haberes muy por debajo de la canasta básica, exigen un piso salarial de $500.000. Denuncian que la gestión comunal los mantiene bajo una figura de "entrenamiento laboral" que, en la práctica, es una relación de dependencia encubierta. Según los voceros gremiales, estos trabajadores —muchos con más de 10 años de antigüedad— representan el 90% de la fuerza operativa en áreas críticas como la planta de reciclaje, limpieza urbana y sectores administrativos.

La indignación de los trabajadores se profundizó ante el contraste salarial: mientras se les niega el pase a planta o una recomposición digna bajo el argumento de "falta de fondos", aseguran que la planta política percibió un incremento cercano al 96% a fines del año pasado.

Tregua bajo conciliación obligatoria Hacia el final de la tarde, la intervención del Departamento de Trabajo trajo un alivio momentáneo. Se dictó la conciliación obligatoria, citando a las partes a una mesa de diálogo para este jueves. Ante esta promesa de negociación formal, los manifestantes decidieron retirarse de la calzada, permitiendo la normalización del tránsito en una de las arterias más importantes de la cordillera neuquina. El conflicto, sin embargo, permanece en estado de latencia a la espera de respuestas concretas.