El conflicto de tierras en Pulmarí tuvo una nueva vuelta de tuerca este martes. Mientras los pobladores denuncian "allanamientos sin orden de judicial", desalojos irregulares y loteos irregulares, la respuesta de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) fue que hubo "ventas ilegales de tierras".
El presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí, Daniel Salazar; el vicepresidente, Alberto Marasco; el director nacional Christopher Williams y los directores provinciales Luis Ricciuto y Waldo Salazar, brindaron hoy una conferencia de prensa en la oficina de la CIP en Aluminé, donde se abordaron distintos aspectos vinculados a las maniobras de ventas ilegales de tierras en el territorio Pulmarí.
Durante el encuentro, las autoridades reafirmaron que la Corporación Interestadual Pulmarí es la titular y propietaria de las tierras comprendidas en su jurisdicción, y que ninguna persona tiene derecho a ofrecerlas en venta, cederlas o transferirlas, dado que se trata de actos prohibidos por normativa vigente.
En este sentido, la CIP reiteró a la comunidad que, conforme a lo establecido por la Ley Nacional 23.612, se encuentra prohibida la venta, cesión o cualquier forma de transferencia de dominio de las tierras pertenecientes a la Corporación. Esta normativa garantiza la preservación del modelo de propiedad comunitaria y la protección del territorio, estableciendo que cualquier acto de compra o venta de tierras es ilegal, y que quien vende aquello que no es propio puede incurrir eventualmente en el delito de estafa.
Las autoridades recordaron además que esta información ya ha sido difundida en ocasiones anteriores mediante comunicaciones institucionales, cartelería en el territorio, medios públicos y notificaciones particulares, por lo que se insistió nuevamente en la necesidad de que vecinos y vecinas no realicen pagos, reservas ni firmen documentación informal, y que se asesoren únicamente a través de canales oficiales.
Asimismo, se informó que la institución mantiene el tema en curso administrativo y legal, con acciones y actuaciones formales en marcha, para garantizar el resguardo del patrimonio territorial y el cumplimiento de las leyes vigentes. Se explicó que la Corporación ejercerá los actos que correspondan en defensa de sus bienes, incluyendo presentaciones administrativas y denuncias penales y civiles frente a irregularidades, y en caso necesario convocará a autoridades y organismos de fiscalización competentes.
Otro de los puntos destacados durante la conferencia fue la preocupación institucional ante la circulación de videos difamatorios e información falsa, que generan confusión pública y agravan la desinformación. En esa línea, se solicitó responsabilidad colectiva para evitar la difusión de contenidos no verificados, que pueden derivar en mayores conflictos sociales y daños institucionales.
En este sentido, cabe señalar que los videos publicados fueron producidos y publicados por los propios afectados y, de acuerdo a la Constitución Nacional, tienen derecho a la libertad de expresión sin censura previa -salvo que la dicte un juez-. Obviamente, las publicaciones se hiceron mirando a la cámara, con nombre y apellido del emisor.
Finalmente, las autoridades expresaron su respaldo total al personal de la CIP, ante situaciones de hostigamiento y amenazas registradas en los últimos días, remarcando que estos hechos son inaceptables y que se avanzará por las vías correspondientes para resguardar la integridad de los trabajadores.
