En el pico de la temporada estival, la infraestructura caminera de Argentina atraviesa un escenario que los gremios del sector califican como "catastrófico". La combinación de una fuerte desinversión estatal y el uso de fondos fiduciarios para fines distintos a la obra pública ha llevado a rutas estratégicas, como la Racional 151, a un estado de colapso que pone en riesgo tanto la vida de los turistas como la logística productiva hacia Vaca Muerta.
Desfinanciamiento y parálisis operativa
El deterioro de las calzadas no es un fenómeno accidental, sino la consecuencia directa de una decisión de política fiscal. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Dirección Nacional de Vialidad experimentó una caída real del 72% en su ejecución presupuestaria respecto al periodo anterior.
Esta retracción de fondos se manifiesta en indicadores críticos para el desarrollo del país:
Infraestructura Municipal: Reducción del 100% en las partidas.
Pavimentación y Rutas Nuevas: Caída del 98% en la inversión.
Mantenimiento y Rutas Seguras: Un retroceso que oscila entre el 89% y el 95%.
El "misterio" de los fondos de la UCOFIN
Uno de los puntos de mayor conflicto radica en el destino de lo recaudado a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Por ley, estos billonarios recursos deben ser transferidos a la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) para el mantenimiento vial.
Sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) denuncian que, aunque el Estado sigue cobrando el impuesto, el dinero queda retenido en cuentas fiduciarias sin ser ejecutado. Esta "reprogramación presupuestaria" impide la compra de insumos básicos como asfalto y áridos, dejando a las cuadrillas de operarios sin material para cubrir baches, incluso en tramos considerados "rutas mortales" entre La Pampa y Río Negro.
Conflictividad laboral y futuro institucional
La crisis de infraestructura se traslada también a la situación de los trabajadores del área. Miguel Ángel Chamorro, referente gremial, advirtió sobre el estancamiento de las paritarias y el lanzamiento de un plan de retiros voluntarios entre el 15 de enero y el 15 de febrero.
Para el sindicato, esta medida busca reducir la planta de operarios de Vialidad Nacional bajo condiciones económicas desfavorables, evocando procesos de desmantelamiento del Estado vistos en décadas pasadas. Actualmente, la falta de personal y de equipamiento ha reducido las tareas de Vialidad a una mínima expresión, justo cuando el tráfico de carga pesada derivado de la actividad hidrocarburífera exige estándares de mantenimiento superiores.
Consecuencias económicas directas
El mal estado de las rutas no solo afecta la seguridad vial; también actúa como un impuesto indirecto a la producción. El incremento en los tiempos de viaje y el daño a las unidades de transporte elevan los costos logísticos, restando competitividad a las exportaciones argentinas y encareciendo el precio de los insumos básicos en todo el territorio nacional.
