Lo que comenzó como el sueño de la casa propia durante la pandemia se ha transformado en una pesadilla legal y financiera para 80 familias de Plottier. La Urbanización Fontana, un desarrollo ubicado en una zona estratégica de la ciudad, se encuentra actualmente paralizada, sin luz, gas ni agua, y con plazos de entrega vencidos hace años.
Un proyecto con aval municipal puesto en duda
Los damnificados, representados por voces como la de Verónica Miranda, sostienen que no se trata de una compra impulsiva o irregular. Según denuncian, el loteo fue aprobado por la administración municipal anterior y contaba con visado oficial.
·Responsabilidad política: Los vecinos señalan que el actual intendente, Luis Bertolini, se desempeñaba como secretario de Obras Públicas cuando el proyecto fue validado.
Aseguran que incluso hubo compradores que consultaron personalmente en las oficinas municipales antes de entregar ahorros o vehículos como parte de pago.
·La respuesta oficial: Desde el Ejecutivo actual recomendaron a la población "informarse antes de comprar", una respuesta que generó indignación entre las familias que ya cuentan con boletos de compraventa firmados y planos visados.
Incumplimientos y "obras pantalla"
El desarrollo, encabezado por el particular Fernando Lescano, debía entregar las parcelas con infraestructura completa en un plazo de 36 meses. Sin embargo, el panorama actual es crítico:
1.Plazos vencidos: Un acta notarial de mayo de 2024 establecía que en septiembre debían finalizar los cordones cuneta y en noviembre iniciar la obra eléctrica. Nada de esto se cumplió.
2.Maniobras de distracción: Los vecinos denuncian que las mínimas tareas realizadas (cordones en solo dos manzanas) funcionan como una "pantalla" para seguir comercializando los lotes restantes.
3.Vivir en la precariedad: La desesperación ha llevado a algunos propietarios a construir y mudarse al predio, viviendo sin servicios básicos y dependiendo de generadores eléctricos.
El camino a la justicia: Denuncia colectiva y ejecución de garantías
Ante el corte de diálogo por parte del desarrollador y la negativa del municipio a recibirlos hasta febrero, los damnificados han decidido escalar el conflicto:
·Concejo Deliberante: Solicitaron la ejecución de la garantía de infraestructura, una fianza que los privados deben depositar para asegurar las obras en caso de incumplimiento.
·Vía Penal: Confirmaron que avanzarán con una denuncia colectiva ante el Ministerio Público Fiscal para investigar una posible estafa.
El predio, ubicado entre las urbanizaciones Casona I y II, hoy presenta signos de abandono y falta de mantenimiento, reflejando la incertidumbre de decenas de familias que ya no pueden sostener sus alquileres y ven cómo su inversión se desvanece entre expedientes paralizados.
