Diversas instituciones dedicadas a la protección de la minoridad y la prevención de la violencia institucional manifestaron su rechazo ante el avance legislativo de un nuevo Régimen Penal Juvenil. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, junto a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Consejo Federal de Mecanismos Locales, denunciaron que el proyecto —que ya cuenta con dictamen de comisión en sesiones extraordinarias— carece de un debate profundo y se basa en premisas sin sustento empírico.
Un retroceso en los estándares internacionales
Para estas entidades, el texto aprobado se aleja peligrosamente de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley 26.061. Advierten que Argentina está ignorando las recomendaciones explícitas de organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, que recientemente instó al Estado a no perforar el piso de la responsabilidad penal.
Los puntos más críticos señalados por los expertos incluyen:
1.La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, una medida considerada regresiva.
2.El endurecimiento de las penas, permitiendo condenas de hasta 15 años de prisión.
3.La crisis en las condiciones de detención, al autorizar el alojamiento de menores en sectores dentro de unidades penitenciarias de adultos.
Alternativas frente a la punitividad
Las instituciones firmantes coinciden en que el decreto-ley actual (22.278) requiere una actualización, pero sostienen que esta debe orientarse hacia un sistema especializado y no a una extensión del régimen penal general. El énfasis, señalan, debería estar en la justicia restaurativa y en que el encierro sea estrictamente el último recurso, por el tiempo más breve posible y en centros con personal idóneo.
Finalmente, el comunicado destaca una contradicción económica y social: mientras las estadísticas demuestran que la participación de adolescentes en delitos graves es marginal, el Estado propone un sistema penal costoso y de baja efectividad. En su lugar, sugieren fortalecer las políticas públicas de inclusión y los modelos no privativos de la libertad que ya funcionan en diversas provincias, los cuales presentan mejores resultados en la reinserción social que el endurecimiento de las penas.
