El Gobierno de Santa Fe ha decidido golpear el bolsillo de quienes utilicen las amenazas de bomba como un método de distracción o "broma" en los establecimientos educativos. Tras una escalada de denuncias que ya suma 404 episodios en lo que va del año, las autoridades provinciales confirmaron que los padres de los menores implicados deberán hacerse cargo de los costos operativos, los cuales pueden alcanzar los $6 millones por cada intervención.

Un costo millonario para el Estado

La decisión, respaldada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, surge de un análisis técnico sobre lo que implica movilizar los recursos públicos ante una alerta. Cada vez que se recibe una amenaza, se activa un protocolo que involucra a la Policía, el cuerpo de Bomberos y equipos de emergencias médicas. Este despliegue no solo genera zozobra en la comunidad, sino que representa un gasto logístico que el Ejecutivo provincial ya no está dispuesto a absorber.

Responsabilidad civil sobre los padres

Hasta el momento, las investigaciones han permitido identificar a 73 responsables. Debido a que la gran mayoría de los autores son menores de edad, el reclamo económico recaerá directamente sobre sus tutores legales. "No es una broma, es un delito", sentenció Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional, reforzando la postura de que estas acciones configuran el delito de intimidación pública.

El mapa de las denuncias en la provincia

La situación no es uniforme en todo el territorio, aunque la mayor conflictividad se concentra en la zona sur. La Fiscalía Regional de Rosario (N°2) lidera las estadísticas con más de 230 reportes y 23 responsables ya detectados. Le siguen la región de Santa Fe capital (N°1) y las áreas de Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, donde también se han realizado allanamientos y secuestro de teléfonos celulares vinculados a las llamadas.

Más allá de la sanción

A pesar del fuerte componente punitivo de la medida, el Gobierno aseguró que continuará con planes de acompañamiento en salud mental y seguridad dentro de las instituciones. Sin embargo, el mensaje del ministro Pablo Cococcioni fue claro: una vez que la autoría sea comprobada mediante las pericias tecnológicas, el proceso de cobro contra los bienes de las familias será inmediato para resarcir el daño al patrimonio provincial.