La justicia y las autoridades municipales de Mar del Plata han sentado un precedente drástico frente a las denominadas "bromas" escolares que paralizan la ciudad. Tras comprobarse la autoría de una llamada de amenaza en un establecimiento educativo local, se determinó que la familia del alumno responsable deberá afrontar una sanción económica de varios millones de pesos.

El costo de la irresponsabilidad

Al igual que en los protocolos aplicados recientemente en otras provincias como Santa Fe, la sanción no busca ser únicamente punitiva, sino resarcitoria. El monto de la multa se calcula en base al despliegue operativo que el Estado debe movilizar ante cada alerta:

·Personal afectado: Intervención de la Brigada de Explosivos, Bomberos y efectivos de la Policía Bonaerense.

·Corte de suministros: En muchos casos, se requiere la presencia de Defensa Civil y personal de empresas de gas y energía para asegurar el perímetro.

·Impacto social: La evacuación total del alumnado y el corte de tránsito en arterias principales de la ciudad.

Responsabilidad de los padres

Dada la minoría de edad del autor del llamado, la justicia civil determinó que el resarcimiento económico recae directamente sobre el patrimonio de sus padres. Este fallo refuerza la idea de que los tutores deben responder por los daños y perjuicios derivados de los actos de sus hijos, especialmente cuando estos afectan la seguridad pública y los recursos del Estado.

"El despliegue de seguridad no es gratuito. Cada vez que se evacúa una escuela por una alerta falsa, se le quitan recursos a emergencias reales", señalaron fuentes judiciales vinculadas al caso.

Marco legal

El hecho fue encuadrado bajo la figura de Intimidación Pública, un delito contemplado en el Código Penal. Además de la multa millonaria, el caso deja un antecedente en el legajo del menor y obliga a la familia a un proceso judicial que suele ser extenso y costoso.