Lo que debió ser una etapa de descanso tras tres décadas de servicio en el Estado provincial, se convirtió para Marcela en un laberinto financiero de descuentos inexplicables y maltrato institucional. Vecina de Alta Gracia desde hace diez años, la jubilada protagoniza hoy un caso testigo que pone bajo la lupa las prácticas de cobro de deudas del Banco Provincia de Córdoba (Bancor) y la vulnerabilidad de los adultos mayores frente al sistema financiero.

Una deuda que se volvió infinita

El conflicto, que escaló hasta la Justicia cordobesa, tuvo un origen modesto: un saldo impago en su tarjeta de crédito que Marcela intentó regularizar mediante sucesivas reprogramaciones. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de irregularidades administrativas por parte de la entidad. Según relata la afectada, el banco alternaba meses de inactividad con otros de descuentos agresivos que vaciaban su cuenta sueldo sin previo aviso ni orden judicial de embargo.

La situación alcanzó niveles críticos en los primeros meses de 2026, cuando Marcela se encontró con que su jubilación de 1.300.000 pesos había sido retenida casi en su totalidad. "Sacan y ponen ítems sin autorización; en enero y marzo directamente no pude cobrar", explica. Ante sus reclamos, la respuesta de la gerencia local fue una sugerencia que roza el cinismo: le indicaron que, a pesar de sus enfermedades crónicas, buscara trabajo extra para cubrir una deuda que, por el esquema de "intereses sobre intereses", saltó de un millón a cinco millones de pesos.

El impacto en la economía de subsistencia

La radiografía de los gastos de Marcela expone la imposibilidad de cumplir con las exigencias del banco sin caer en la indigencia:

·Vivienda: 400.000 pesos destinados al alquiler.

·Salud: Padece artritis, artrosis y fibromialgia. Al no contar con sus haberes, debió suspender tratamientos y medicación que la obra social APROSS no cubre.

·Sostén familiar: Vive con su hija, estudiante de ingeniería en la UTN, quien no ha logrado conseguir empleo para ayudar con los gastos básicos.

Para sobrevivir, Marcela se vio obligada a reinventarse como feriante en la Plaza Solarea, vendiendo panificados y artesanías. No obstante, la caída del consumo y la inflación han vuelto a este emprendimiento una herramienta de subsistencia apenas suficiente para cubrir alimentos básicos.

El freno judicial: Un precedente de dignidad

Ante la falta de respuestas en Defensa del Consumidor y en las oficinas comerciales, Marcela recurrió al patrocinio de la abogada Daniela Ferrari, logrando que la Justicia admitiera un amparo con una medida cautelar de cumplimiento urgente.

El fallo judicial es contundente y establece límites claros al accionar bancario:

Toque de descuento: La entidad tiene prohibido retener más del 20% de los haberes mensuales de la jubilada.

Reembolso inmediato: Se ordena al banco devolver los montos cobrados en exceso por fuera de los márgenes legales.

Protección alimentaria: Se reconoce que el haber jubilatorio tiene carácter alimentario y no puede ser confiscado de manera arbitraria.

Un reclamo colectivo que empieza a sonar

La historia de Marcela ha destapado una realidad que afecta a numerosos jubilados y empleados públicos en toda la provincia. En el sindicato local ya se registran listas de personas atravesando situaciones idénticas de sobreendeudamiento por "intereses usurarios" y débitos no autorizados.

"Es una vergüenza que después de trabajar toda la vida tengamos que salir a pelear por lo más básico", sostiene Marcela, quien espera que la próxima audiencia clave no solo garantice su tranquilidad, sino que sirva como una puerta de salida para cientos de jubilados que hoy guardan silencio ante el avance de los débitos bancarios. Su caso reafirma una premisa legal que el sistema financiero parece haber olvidado: la previsibilidad y el respeto por el ingreso de los adultos mayores no son un privilegio, sino un derecho humano fundamental.