El funcionamiento de los canales paraoficiales en conflictos internacionales quedó bajo la lupa de los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal de la Nación, Carlos Stornelli, formalizó un pedido de citación para que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, preste declaración testimonial con el objeto de precisar los pormenores logísticos y políticos que posibilitaron la excarcelación y el posterior retorno al país del cabo de Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, oriundo de Catamarca, quien permaneció en cautiverio durante 448 días en el territorio venezolano.
La medida del Ministerio Público se impulsó de forma posterior a las audiencias donde el propio uniformado brindó testimonio ante los estrados judiciales sobre las condiciones de su aprehensión por parte de la administración de Nicolás Maduro. El requerimiento de la fiscalía apunta a esclarecer las tratativas implementadas por la entidad rectora del fútbol local para destrabar una situación de confinamiento ilegal prolongado.
Cruces entre los canales deportivos y el despliegue del Poder Ejecutivo
El regreso de Gallo al suelo argentino se materializó el pasado 2 de marzo a bordo de una aeronave de carácter privado. El traslado sanitario y logístico fue coordinado por la presidencia de la AFA en articulación directa con las autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
Frente a esta vía de resolución, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, expuso en declaraciones periodísticas radiales que la administración central había mantenido gestiones diarias en múltiples planos institucionales para concretar la liberación. La funcionaria aclaró que no se registraban predisposiciones iniciales por parte de los canales formales del Palacio de Miraflores para proceder a la entrega del suboficial.
Respecto a la participación de la entidad deportiva, la ministra reconoció que existieron aproximaciones y consensos particulares fuera del radar del área de Inteligencia y del gabinete nacional, expresando: "No teníamos información de una negociación de AFA". Ante esta situación, voceros de la Casa Rosada manifestaron reparos institucionales, argumentando que las entidades de carácter civil no poseen facultades legales para atribuirse competencias diplomáticas o de representación pública ante regímenes extranjeros cuestionados.
Las precisiones del suboficial sobre el inicio de su cautiverio en el Caribe
En comparecencias públicas emitidas el 8 de mayo, el gendarme de 33 años pormenorizó la génesis de la privación de su libertad, la cual se inició el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde la localidad fronteriza colombiana de Cúcuta. Al presentarse en las dependencias del área migratoria, fue abordado por efectivos vestidos de civil pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
De acuerdo con el relato del afectado, el personal de inteligencia incautó su dispositivo de telefonía celular y localizó un intercambio de mensajes privados mantenido con su cónyuge donde manifestaba posturas críticas hacia la gobernabilidad local. Tras un intento inicial por resguardar su identidad laboral aduciendo funciones aduaneras en la frontera de origen, los agentes descubrieron registros fotográficos que ratificaban su pertenencia a las fuerzas de seguridad nacionales de la República Argentina.
El damnificado describió que, tras la confirmación de su estado militar, los uniformados procedieron a colocarle sujeciones mecánicas en extremidades inferiores y superiores, iniciándose un período de detención incomunicada y apremios físicos severos motivados por su condición de ciudadano argentino y miembro de una fuerza armada de seguridad.
