La reciente firma del acta paritaria entre la administración central, el Consejo de Rectores y las cúpulas de las federaciones universitarias desencadenó una fractura interna en las instituciones académicas. Agrupaciones docentes de todo el país manifestaron su disconformidad con los términos pactados e iniciarán un cronograma de reclamos.
Los argumentos del rechazo al incremento
Los sectores disidentes argumentan que el entendimiento —que establece una actualización salarial del 21,3%— debilita la posición de los trabajadores frente al litigio judicial por la ley de financiamiento universitario, norma que fuera bloqueada por el Ejecutivo nacional tras el veto presidencial.
Anahí Rodríguez, referente sindical de la docencia universitaria en la provincia de Tucumán, advirtió en declaraciones radiales que la aceptación de esta propuesta podría ser utilizada por las autoridades nacionales como un atenuante jurídico en los tribunales, simulando un consenso generalizado que desactive el reclamo de fondo por el presupuesto educativo.
Disidencias entre las cúpulas nacionales y las asambleas locales
El quiebre de las negociaciones expuso una distancia marcada entre la conducción de las principales federaciones y sus representados en las provincias:
·Firma dividida: La CONADU Histórica se posicionó como la única estructura nacional que rechazó la rúbrica del documento oficial.
·Rebelión en las bases: Pese al aval de otras federaciones, las asambleas de trabajadores en universidades de gran escala como la UBA, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán manifestaron un rechazo mayoritario al acuerdo, cuestionando la falta de consultas democráticas internas por parte de las direcciones de los gremios firmantes.
Cronograma de protestas del 16 al 20 de junio
El plan de acción directa se desplegará durante los próximos días, teniendo como eje central una jornada de visibilización nacional fijada para el miércoles 17 de junio.
La metodología de las protestas se resolverá de manera autónoma en cada casa de altos estudios, contemplando un esquema flexible que incluye desde cese de actividades y movilizaciones locales hasta el dictado de clases públicas e intervenciones de docentes autoconvocados. Desde el sector sindical anticipan que este descontento afectará directamente la normalidad académica en el inicio de la segunda mitad del año.
