Joaquín Girvau confirmó que no separará de la fuerza a los cuatro agentes acusados de privar de la libertad a una niña de 13 años durante un procedimiento en La Bombilla.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, descartó de manera categórica que vayan a ser apartados de sus cargos los cuatro efectivos imputados por la privación ilegítima de la libertad de una adolescente de 13 años. El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero en el barrio Juan XXIII, conocido como "La Bombilla", cuando la menor transmitía en vivo un operativo de desalojo a través de la plataforma TikTok.

Según la acusación fiscal, los uniformados arrinconaron a la niña, la palpó personal policial para quitarle el teléfono, la esposaron por la espalda y la trasladaron en un patrullero sin permitir la compañía de su madre, manteniéndola retenida durante seis horas.
La postura institucional frente a las imputaciones

Durante una rueda de prensa en Casa de Gobierno, la máxima autoridad policial argumentó que la fuerza tiene el deber de respaldar a sus agentes ante actuaciones desarrolladas en contexto de riesgo. Los acusados en la causa judicial son el cabo primero Ernesto Flores, el sargento Ricardo Gómez y las agentes Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira, quienes enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad con abuso funcional y falsedad ideológica.

Girvau matizó la calificación del procedimiento e indicó que se le dio la intervención correspondiente a la Fiscalía. Respecto a las denuncias de la familia sobre agresiones, uso de gas pimienta y presuntos tocamientos para localizar el celular —hecho por el cual la fiscalía evalúa sumar la figura de abuso sexual—, el funcionario remarcó el derecho a la defensa de los efectivos:

“La Justicia va a decir sí o no. Acá todo el mundo denuncia, todo el mundo puede decir lo que quiera. El policía también tiene derecho a defenderse y vive 100.000 situaciones al extremo en cada procedimiento”.

Sin sanciones administrativas previas a un fallo judicial

Consultado sobre las imágenes de video que registraron el momento del abordaje policial, el jefe de la fuerza sostuvo que las pruebas serán evaluadas en el ámbito penal y confirmó que dispondrán de asistencia legal para la defensa del personal imputado.

Finalmente, Girvau enfatizó que la apertura de la investigación constituye una etapa formal y que solo se tomarán medidas disciplinarias en caso de que exista una condena firme.