Un caso de identidad cruzada que permaneció oculto durante casi medio siglo tuvo una definición judicial histórica en la provincia de Córdoba. El titular del Juzgado Civil y Comercial de 35ª Nominación de la capital cordobesa, Mariano Díaz Villasuso, declaró la responsabilidad directa del Estado provincial por la negligencia cometida en 1977 en una maternidad pública, donde el personal sanitario intercambió a dos recién nacidas y las entregó a familias equivocadas. El grave error recién se conoció en la adultez gracias a la investigación iniciada por una de las afectadas ante los organismos de Derechos Humanos.

La verdad salió a la luz cuando una de las mujeres acudió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para verificar su filiación. Al arrojar resultado negativo el examen genético de ADN con quienes creía sus padres, se promovió un relevamiento de todos los partos asentados en la misma institución y fecha, logrando ubicar a la otra mujer involucrada. Ante el daño moral irreversible causado por el despojo de su identidad biológica, la Justicia fijó resarcimientos económicos de entre $25 millones y $30 millones para las damnificadas y la única madre biológica sobreviviente.

Los fundamentos de la sentencia, el deber de resultado y el impacto irreversible

El fallo judicial remarcó la gravedad del incumplimiento en los protocolos de identificación hospitalaria:

Obligación de resultado: En su escrito resolutivo, el magistrado Díaz Villasuso subrayó que si bien la atención médica en el parto constituye una obligación de medios, la correcta entrega de los recién nacidos a sus familias de origen representa una estricta "obligación de resultado" que el centro de salud incumplió de manera flagrante.

Daño moral e irreparabilidad: El tribunal ponderó el impacto psicológico y la pérdida afectiva irreparable, dado que para el momento en que se comprobó la verdad biológica tras 46 años, ambos padres y una de las madres de las familias involucradas ya habían fallecido sin conocer la verdad.

Inicio de la reconstrucción: Con la sentencia firme en el fuero Civil y Comercial, las dos familias enfrentan ahora una nueva etapa de vinculación y reconstrucción afectiva tras ser víctimas de un fallo institucional histórico.