Por: Claudia Vega, Jueza de Paz de Cutral Co
Cuando un niño, niña o adolescente atraviesa una situación de conflicto, violencia, hostigamiento o vulneración de derechos, los adultos tenemos una responsabilidad que va más allá de resolver el hecho concreto. Debemos cuidar también su dignidad, su intimidad y su posibilidad de seguir creciendo sin quedar identificado para siempre por aquello que le ocurrió o por aquello que pudo haber hecho.
Un adolescente no es el que hizo bullying, la víctima, el violento, el problemático ni el caso de determinada escuela. Es una persona en desarrollo, con derechos, vínculos, historia, posibilidades y futuro. Un hecho no define una vida.
Por eso, quienes intervenimos profesional e institucionalmente tenemos el deber de ser especialmente cuidadosos. Las entrevistas, informes psicológicos, situaciones familiares, diagnósticos, actuaciones escolares, judiciales o administrativas y demás aspectos de la vida privada de un adolescente no deben convertirse en información destinada a la exposición pública.
La intervención profesional requiere escucha, prudencia, responsabilidad y confidencialidad.
No todo aquello que conocemos de un adolescente porque tenemos la responsabilidad de acompañarlo debe ser contado públicamente.
Este mismo cuidado necesitamos solicitar a las familias.
Comprendemos profundamente la angustia, la impotencia e incluso el enojo que puede experimentar una madre o un padre cuando considera que su hijo está atravesando una situación de sufrimiento. Denunciar, pedir ayuda, reclamar una intervención y exigir respuestas son derechos. Pero hacer visible un problema no necesariamente requiere hacer pública la intimidad de nuestros hijos.
Existe una diferencia fundamental entre visibilizar un hecho y exhibir a un adolescente.
Cuando existe una situación grave que necesita ser conocida, denunciada o incluso puesta públicamente en discusión, puede y debe hablarse de ella. Pero siempre debemos preguntarnos cuánto es realmente necesario mostrar.
Podemos denunciar una situación sin publicar nombres, fotografías, diagnósticos, historias clínicas, conversaciones privadas, historias familiares o cualquier otro dato que permita identificar a los chicos y chicas involucrados.
Aquello que para un adulto puede representar una publicación de un día puede permanecer durante años en la vida y en la identidad digital de un adolescente.
También debemos ser particularmente cuidadosos con aquellos adolescentes señalados por una conducta.
Al reflexionar sobre nuestras intervenciones con adolescentes, no debemos confundir el acto con el sujeto. Los actos deben ser abordados, las responsabilidades deben ser trabajadas y los límites deben ser establecidos. Pero ninguna transgresión autoriza a reducir a una persona adolescente a lo peor que haya hecho.
Los profesionales, educadores, familias, organismos públicos y demás adultos responsables tampoco debemos convertirnos en el brazo ejecutor del deseo social de castigo, señalamiento o exclusión.
Nuestra tarea es proteger, escuchar, responsabilizar cuando corresponda, reparar, acompañar y, fundamentalmente, abrir posibilidades.
Esto no significa ocultar situaciones graves.
Lo grave debe denunciarse.
Lo que pone en riesgo a un niño o adolescente debe ser intervenido.
Lo que requiere una respuesta institucional debe ser investigado y abordado.
Pero al niño y al adolescente debemos protegerlos.
A veces será necesario mostrar el problema como si estuviera colocado en una vidriera para que la sociedad pueda verlo y comprender su gravedad. Lo que nunca debería quedar expuesto en esa vidriera es el niño, la niña o el adolescente.
En nuestra comunidad estas situaciones no son abordadas por una sola persona ni por una única institución.
Existe un trabajo interinstitucional que se sostiene mediante la participación y articulación de la Defensoría del Menor, Adolescente y Familia, el Equipo Técnico de la Defensoría, la Supervisión del Consejo Provincial de Educación del Distrito II, los Equipos de Gobierno de Escuelas Medias, las Secretarías de Niñez y Adolescencia de ambos municipios, los equipos y dispositivos que trabajan en violencia y diversidad, las Secretarías de la Mujer de ambos municipios, el Juzgado de Paz, los diversos equipos técnicos y pedagógicos de las escuelas medias y del Consejo Provincial de Educación, entre otros organismos y profesionales que intervienen según las particularidades de cada situación.
Cada uno de estos espacios aporta una mirada y una responsabilidad diferente. Esa diversidad de intervenciones permite que una situación no quede reducida solamente a un hecho, una denuncia o una conducta determinada, sino que pueda comprenderse de manera integral, atendiendo a la persona adolescente, su familia, sus vínculos, su trayectoria educativa y su contexto.
Muchas veces ese trabajo no puede ni debe hacerse público.
Que una intervención no sea publicada no significa que no exista.
Hay entrevistas, reuniones, articulaciones entre instituciones, evaluaciones profesionales, acompañamientos familiares, observaciones escolares, medidas de protección, derivaciones y seguimientos que necesariamente deben desarrollarse preservando la intimidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
La confidencialidad no es silencio frente a un problema.
Es una forma de protección.
Nuestro compromiso es continuar trabajando aun cuando el episodio haya dejado de ser noticia. Las intervenciones con adolescentes requieren tiempo, escucha individual, acompañamiento profesional, participación familiar, articulación entre organismos y reconstrucción de vínculos.
Por eso también invitamos especialmente a las madres, padres y adultos responsables a pensar, antes de hacer pública una situación que involucra a sus hijos, qué información resulta verdaderamente necesaria comunicar y qué aspectos pertenecen a la intimidad de ese adolescente y deben permanecer protegidos.
Nuestro desafío como adultos es no agregar una nueva forma de violencia a aquella que pretendemos resolver.
Los hechos pueden hacerse visibles.
Los derechos deben hacerse valer.
Las responsabilidades deben asumirse.
Las instituciones deben intervenir.
Pero la intimidad de nuestros adolescentes debe seguir siendo protegida.
Porque son mucho más que un conflicto, una denuncia, una transgresión o una noticia.
Son adolescentes.
Son personas.
Y tienen toda una vida por delante.
Dra. Claudia Silvina Vega
Juez de Paz de Cutral Co
