La justicia laboral rionegrina ratificó un fallo que obliga a una cooperativa del sector a resarcir económicamente a un operario que se consideró despedido tras sufrir un accidente laboral. La empresa se había negado a reubicarlo bajo el argumento de no poseer puestos disponibles, a pesar de que los peritajes y testimonios confirmaron la existencia de tareas adaptadas.

El conflicto se originó cuando el trabajador —que se desempeñaba como embalador y sufrió una lesión que mermó su capacidad física— presentó el alta médica con indicación de tareas livianas. Ante la intimación formal para que le asignaran funciones acordes a su condición, la empleadora rechazó el pedido por supuesta falta de vacantes adecuadas, lo que motivó que el damnificado optara por el despido indirecto.
Testigos clave y rechazo a los argumentos patronales

En la primera instancia, el juez laboral Luis Trani dio la razón al trabajador al ponderar los testimonios de excompañeros. Las declaraciones revelaron que dentro de las instalaciones existían múltiples labores de menor exigencia física —como rotulado, control de fichajes o armado de bultos— y que la firma ya contaba con antecedentes de reubicación de personal lesionado.

Si bien el magistrado desestimó los planteos de daño moral y la figura de despido discriminatorio, concluyó que la negativa patronal carecía de sustento, legitimando la ruptura del vínculo laboral por culpa de la empresa.
Ratificación en segunda instancia

La cooperativa apeló el fallo, pero la Sala I de la Cámara de Apelaciones —integrada por los jueces Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli— confirmó la condena de manera categórica.

Los magistrados fundamentaron su decisión en que la defensa empresaria se limitó a reiterar los argumentos expresados en la contestación de demanda inicial, omitiendo rebatir la sólida valoración de las pruebas y los testimonios brindados durante el proceso de primera instancia.