El encarecimiento sistemático de los servicios de salud prepaga y el retroceso del empleo registrado generaron un masivo desplazamiento de afiliados hacia la red pública de atención. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la proporción de la población sin cobertura médica privada ascendió al 35,6%, marcando un incremento superior a los 1,2 millones de usuarios desde el inicio de la actual gestión gubernamental.

Esta reconfiguración se da en un contexto de restricción presupuestaria en los hogares, donde el alza de tarifas y servicios esenciales desplazó partidas destinadas al cuidado sanitario. Con un ajuste acumulado en las partidas de salud del orden del 34% en el ámbito nacional, la demanda sobre hospitales e instituciones estatales experimentó un pico histórico en todas las regiones del país, sobresaliendo el Gran Buenos Aires y diversos aglomerados patagónicos.

Impacto severo en la juventud y en el sector pasivo

El relevamiento expone un impacto asimétrico según las franjas etarias:

Jóvenes de 15 a 29 años: Constituyen el segmento más afectado, con prácticamente la mitad del rango etario (49,9%) dependiendo de forma exclusiva de la asistencia médica estatal.

Adultos mayores: Pese a registrarse un incremento en la nómina de beneficiarios del PAMI —que superó los 5,8 millones de afiliados—, el consumo de fármacos con cobertura descendió un 18,5%. El marcado incremento en el precio de los medicamentos provocó que los jubilados adquieran una menor cantidad de unidades mensuales en comparación con los registros de fines de 2023.

Erosión del salario y caída en la masa prestacional

La desregulación del sector propiciada por el DNU 70/2023 derivó en subas acumuladas cercanas al 500% en los abonos de las empresas de medicina prepaga, superando el ritmo de la inflación general y de los incrementos salariales. Como consecuencia, el peso del abono sobre la remuneración media de los trabajadores formales pasó de representar el 11% en 2013 a consolidarse por encima del 20% en la actualidad.

A este escenario se suma la pérdida de más de 370.000 puestos laborales registrados, dinámica que impactó de lleno en la masa prestacional de la mayoría de las obras sociales sindicales —con caídas representativas en gremios de la construcción, comercio y estatales—, dejando a miles de grupos familiares sin aportes ni cobertura médica formal.