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Un colectivo de más de 80 personas —que debieron dejar el país en su infancia o nacieron en el extranjero por la persecución política— presentó un reclamo ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos para que se investiguen las secuelas del destierro.

Con el objetivo de que el exilio forzado de sus familias sea juzgado como parte de los crímenes de lesa humanidad, más de 80 hombres y mujeres realizaron una presentación formal en Neuquén Capital. El planteo apunta a que la Justicia Federal reconozca como víctimas del terrorismo de Estado a quienes debieron abandonar la Argentina siendo niños o adolescentes durante la última dictadura cívico-militar, así como a quienes nacieron fuera del país a raíz de esa expulsión.

El documento ingresó el 17 de noviembre en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, donde fue recibido por el fiscal Miguel Ángel Palazzani, quien llevará adelante la investigación junto con su equipo. Durante la reunión —de la que también participaron referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén—, el funcionario calificó el reclamo como una deuda histórica y advirtió que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no puede considerarse concluido sin abordar el impacto del exilio. Asimismo, adelantó que se dispondrá de equipos técnicos de acompañamiento y contención para quienes brinden su testimonio en la causa.
El impacto intergeneracional del destierro

Más allá de reconstruir las causas políticas que empujaron a miles de familias fuera de la frontera, el planteo busca echar luz sobre una arista poco explorada en los tribunales: las huellas que la represión dejó en las infancias y adolescencias obligadas a crecer lejos de su tierra.

Durante la audiencia, los integrantes del grupo remarcaron que el destierro no golpeó únicamente a sus madres y padres, sino que condicionó de raíz sus propias trayectorias, obligándolos a adaptarse a entornos culturales, sociales y económicos ajenos —muchas veces bajo el estatus de refugiados políticos— o directamente a nacer lejos de su país de origen.

"Para quienes debimos exiliarnos y para quienes nacimos o crecimos en el exilio, esta experiencia implicó el desarraigo, la ruptura de lazos familiares, profundas afectaciones en nuestra identidad y la necesidad de construir o reconstruir nuestras vidas en un entorno cultural y económico ajeno, muchas veces en condición de refugiados políticos", sintetiza el texto entregado a la Fiscalía.
Alcance del reclamo y firmas desde el exterior

Aunque la iniciativa judicial nació en Neuquén, el escrito cuenta con el respaldo de más de 80 firmantes residentes tanto en la Argentina como en distintos destinos del mundo donde se asentaron las familias perseguidas: México, España, Venezuela, Italia, Brasil, Holanda, Suecia, Francia, Nicaragua, Dinamarca, Perú, Paraguay y Canadá. Desde el colectivo esperan que, con el avance del expediente, se sumen nuevas declaraciones y adhesiones.

La magnitud del pedido se dimensiona al observar el alcance del fenómeno durante el régimen militar: cálculos históricos estiman que entre 350.000 y 500.000 argentinos tuvieron que irse del país para salvar sus vidas o su libertad. El desplazamiento forzado funcionó como una herramienta sistemática para desarticular a sectores considerados opositores, alcanzando a militantes políticos y sindicales, trabajadores, artistas, periodistas, científicos e intelectuales.
Qué solicita el escrito judicial

En términos concretos, los denunciantes requieren que la Fiscalía lleve a cabo una pesquisa integral para establecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de los hechos que forzaron sus salidas del país o determinaron sus nacimientos en el exterior, evaluando el daño sufrido durante su niñez y juventud.

El pedido abarca la determinación de las responsabilidades penales —tanto militares como civiles— por el armado y funcionamiento del aparato represivo, así como por la planificación y ejecución del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el derrocamiento de las autoridades constitucionales y la usurpación del poder público. En esa línea, sostienen que la ruptura institucional constituyó un ataque directo no solo contra los perseguidos, sino contra la soberanía popular y los derechos civiles y políticos de toda la sociedad, buscando que sus vivencias queden incorporadas de forma definitiva en la memoria judicial de la dictadura.