Lo que se proyectaba como un viaje de celebración y el inicio de una nueva etapa personal para Ignacio “Nacho” Leiva, terminó en una tragedia irreversible. El joven de 34 años, oriundo de General Villegas, sufrió el impacto de un artefacto pirotécnico en su rostro durante la madrugada del 1° de enero en San Martín de los Andes, perdiendo definitivamente la visión de su ojo izquierdo.
Un festejo marcado por la negligencia
El hecho ocurrió en el predio Santa Clara, durante el evento denominado “Cherry- Edición Picheo 808”. En medio de una concurrencia superior a las 1.400 personas, una explosión alcanzó de lleno el rostro de Leiva. Según el crudo testimonio de la víctima, en los instantes posteriores al impacto reinó la indiferencia: a pesar de la gravedad de su herida, Ignacio debió buscar auxilio por sus propios medios en un ambiente de desatención generalizada.
La familia del joven denuncia una serie de irregularidades que transformaron el evento en una "zona liberada":
·Violación de leyes locales: En la ciudad rige una prohibición estricta sobre el uso de pirotecnia desde 2020, normativa que fue ignorada dentro del predio.
·Fallas en la seguridad: Testigos aseguran que no hubo cacheos en el ingreso, permitiendo la entrada de elementos prohibidos y de menores de edad.
·Asistencia médica deficiente: La ambulancia del predio no se encontraba en su puesto al momento del accidente. Ignacio fue socorrido finalmente por una unidad que asistía otro siniestro sobre la Ruta 40.
Batalla legal y médica
Tras una intervención de urgencia en Neuquén, Leiva fue derivado al Hospital Universitario Austral en Pilar. Si bien una cirugía reconstructiva logró salvar la estructura estética del ojo, los médicos confirmaron que la ceguera en ese órgano es total. Paradójicamente, el joven pasará su cumpleaños número 35 este lunes 5 de enero internado, enfrentando una recuperación que truncó sus planes de inaugurar un emprendimiento gastronómico propio.
En el ámbito judicial, la causa ha sido caratulada como "presuntas lesiones" y quedó radicada en la Fiscalía de la IV Circunscripción de San Martín de los Andes. La familia apunta directamente contra los organizadores del evento, desmintiendo las versiones oficiales que aseguran haber brindado ayuda inmediata.
Dudas sobre la habilitación
La investigación también pone la lupa sobre el rol municipal. Según Josefina Leiva, hermana de la víctima, la habilitación del festejo contaría con el aval del intendente pero carecería del respaldo del Concejo Deliberante, lo que siembra dudas sobre la legalidad de la fiesta "Cherry".
Hoy, la familia no solo exige justicia para identificar al autor del disparo, sino que también solicita responsabilidad civil a los organizadores para afrontar los elevados costos médicos y logísticos que este incidente les ha impuesto de forma imprevista.
