Lo que comenzó como una denuncia de ciclistas de montaña por la aparición repentina de alambrados en senderos históricos ha destapado un debate jurídico y ambiental en Tierra del Fuego. La controversia gira en torno a un convenio entre el municipio de Ushuaia y la firma Cerro Alarkén, mediante el cual se concesionó una importante superficie de bosque nativo por un periodo de 30 años.

Opacidad en la concesión y objeciones legales

El concejal y abogado Valter Tavarone ha tomado la iniciativa legislativa para frenar lo que considera una irregularidad administrativa. Según el edil, el acuerdo carece de claridad respecto a la contraprestación que la empresa debe realizar al Estado local.

"El sistema de concesiones actual no cuenta con el respaldo reglamentario de la Carta Orgánica", señaló Tavarone. Entre los puntos más críticos de su denuncia se destacan:

·Falta de canon: No se ha hecho público cuánto paga la empresa por la explotación de tierras públicas.

·Cierre de accesos: La instalación de cercos perimetrales no está contemplada en la normativa y bloquea el uso recreativo de los vecinos.

·Propuesta de conservación: Desde su banca, Tavarone impulsa la creación de la Reserva Urbana Río Chico como alternativa para garantizar que el territorio permanezca bajo protección pública y acceso irrestricto.

Una tendencia nacional: El avance sobre los espacios públicos

El caso de Ushuaia no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de conflictos territoriales que se replican en otras provincias argentinas, donde el interés privado colisiona con el derecho ciudadano al disfrute de la naturaleza:

·Córdoba: En las Sierras, vecinos y turistas han denunciado el cierre de los senderos que conducen a la cascada "Golpe de Agua", un hito natural que hoy se encuentra inaccesible.

·Mendoza: En la zona de Uspallata, se ha registrado el bloqueo del paso público hacia el arroyo local, privando a la comunidad de un recurso vital y recreativo.

El camino hacia la Reserva Natural

Para los especialistas en derecho ambiental, la solución de fondo no es la concesión privada, sino la institucionalización de áreas protegidas municipales. "El camino correcto es la creación de una reserva natural", sentenció Tavarone, subrayando que la protección del bosque nativo debe ser una política de Estado que no dependa de convenios comerciales con empresas privadas.