Un total de 143 empresas argentinas han iniciado el trámite de Procesos Preventivos de Crisis (PPC) este año, un récord que refleja la grave presión de la caída del consumo y la actividad sobre el sector productivo. Esta cifra, que supera en más del doble los registros de 2023, obliga a las compañías a negociar suspensiones o despidos con los sindicatos.
La desaceleración económica y la retracción del mercado han llevado a las empresas argentinas a solicitar un número sin precedentes de Procesos Preventivos de Crisis (PPC), alcanzando el nivel más alto de aperturas desde el año 2019.
El PPC es un mecanismo legal que permite a las empresas establecer un marco de negociación con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo antes de implementar medidas extremas, como suspensiones prolongadas o despidos masivos. Su propósito es buscar soluciones consensuadas para garantizar cierta estabilidad laboral durante las dificultades económicas transitorias.
Cifras que reflejan fragilidad
El incremento de estos trámites subraya la fragilidad de distintos sectores industriales ante la caída de la demanda y la competencia con productos importados.
·Total en el año: 143 empresas iniciaron el PPC.
·Comparativa: La cifra representa un aumento del 9% respecto a 2024 y es más del doble de los casos registrados durante 2023.
El repunte sostenido de los PPC actúa como un indicador de alarma sobre el panorama complejo que enfrenta el aparato productivo nacional.
Desafíos y advertencias
Si bien el PPC ofrece una vía de diálogo obligatoria, los expertos señalan que solo una parte de los procesos culmina en acuerdos rápidamente homologados. Muchos trámites quedan en espera o continúan en extensas negociaciones, lo que prolonga la incertidumbre.
Se destaca también que muchas pymes (pequeñas y medianas empresas), buscando evitar la formalidad y la intervención estatal, optan por implementar ajustes internos sin activar el proceso. Esta práctica, si bien inmediata, puede devenir en futuros conflictos laborales y aumenta la inestabilidad de los empleados.
Los gremios han advertido que, sin políticas públicas orientadas a estabilizar la producción y proteger el empleo, la presión sobre los trabajadores continuará escalando en los próximos meses, exacerbando el deterioro del sector.
