Un reciente informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani arroja luz sobre una problemática social persistente: la vasta mayoría de la población ocupada, tanto en el sector formal como en el informal, percibe ingresos que se sitúan por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT). La combinación de la erosión del poder adquisitivo, la carga financiera de los alquileres y las barreras al acceso crediticio están exacerbando el fenómeno del "trabajador con empleo, pero en situación de pobreza".

El nuevo estudio, emanado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuantificó la extensión de este desafío en el mercado laboral. La cifra es contundente: el 72% de las personas que poseen una ocupación —incluyendo a empleados bajo relación de dependencia y trabajadores por cuenta propia— gana menos de un millón de pesos mensuales.

Esta situación es particularmente grave en la esfera no registrada, donde el 89% de los asalariados en negro y el 88% de los autónomos con tareas de baja calificación se encuentran atrapados en niveles de ingresos insuficientes para cubrir los gastos de subsistencia.

Los investigadores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente destacan que la gravedad del panorama se revela al contrastar estos sueldos con el costo de vida. La Canasta Básica Total, referencia para un hogar promedio, ascendió a $1.213.799 en octubre de 2025. Lo más preocupante es que este desfasaje afecta incluso a los segmentos con mejores condiciones laborales: el 58% de los empleados formales tampoco logra superar dicho monto. Esto demuestra una crisis de ingresos que trasciende la informalidad y menoscaba la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades esenciales.

Los autores del paper comparan esta situación con la de los "mileuristas" en Europa, refiriéndose a personas que, pese a tener una ocupación a tiempo completo, no consiguen salir de la precariedad económica. En Argentina, este cuadro se agudiza por factores como la eliminación de subsidios, el vertiginoso encarecimiento de los alquileres y el alza en los costos de los servicios básicos. El paper detalla que uno de cada cinco trabajadores de jornada completa es considerado pobre, proporción que se dispara hasta el 41,3% para aquellos que trabajan en la informalidad.

Esta intensa presión sobre el costo de vida anula la posibilidad de ahorro para la mayoría de los hogares, transformando cualquier gasto inesperado en una emergencia financiera mayor. La restricción en el acceso a herramientas crediticias también obstaculiza la concreción de proyectos a largo plazo (como la adquisición de una vivienda o la inversión en formación profesional), lo que perpetúa la vulnerabilidad de estos grupos.

Otro indicador de la fragilidad del ecosistema laboral es el incremento del pluriempleo, una práctica que ya afecta al 12% de la fuerza de trabajo. En términos globales, se estima que 9,7 millones de individuos —equivalentes al 67% de la población económicamente activa— enfrentan problemas vinculados al desempleo, la subocupación o la inserción en empleos precarios.

El documento también identifica un punto de inflexión favorable: una mejoría relativa en los ingresos más bajos impulsada por la ralentización de la inflación. Tras el pico de pobreza del 55% registrado al inicio de la actual administración, la medición por ingresos ha descendido al 31,8%, un nivel similar al observado a fines de 2018. Esta mejoría se apoyó, en gran medida, en los trabajadores del sector informal. Sin embargo, los expertos advierten que, a pesar de este repunte, los salarios siguen siendo insuficientes para hacer frente al valor de la canasta básica.